Los agentes ambientales llevan 140 años desarrollando su labor de cuidado y preservación del medio ambiente. Acaban de recibir un duro golpe, al comprobar que la nueva Ley de Montes, promovida por el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su última versión los aparta de la investigación de los delitos ecológicos. Van a pelear, dicen, para que este aspecto de la ley, que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados, no se mantenga. «Es el mayor atentado que ha sufrido este colectivo en todos sus años de historia».
¿Qué recoge exactamente la ley en esta materia?
La nueva normativa aparta a los agentes medioambientales de la investigación de cualquier acto ilícito penal relacionado con el medio ambiente, en materias tan sensibles como los incendios forestales, envenenamiento y tráfico de fauna, ordenación del territorio..., las cuales pasarán a depender, exclusivamente, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
¿Consideran entonces que se van a quedar cortos en medios?
Entendemos que ya somos muy pocos los que nos dedicamos a la protección del medio ambiente. En la Región hay actualmente unos cincuenta efectivos del Seprona, mientras que somos 103 agentes medioambientales. Por eso, no comprendemos que esta ley reste, cuando debería sumar.
¿Qué labor pasarán a desempeñar con la nueva ley?
Nos quedamos con labores meramente administrativas; nos retiran la parte de policía judicial, ya no trabajaremos directamente ni con la Fiscalía ni con los juzgados. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos suficientemente preparados y capacitados para investigar cualquier delito contra el medio natural, ya que conocemos el territorio, sus problemáticas concretas, su población...; estamos dotados de los conocimientos técnicos y policiales necesarios para llevar a cabo dicha labor. Con esta ley pasamos a ser meros auxiliares de las fuerzas del orden, mientras que ahora hasta redactamos atestados. Podemos dar la voz de alarma, y si encontramos posibles pruebas de un delito, nuestra labor es preservarlas para que no se pierdan. Es decir, actuaciones que se pueden pedir a cualquier ciudadano.
¿Por qué creen que el Ministerio ha tomado esta decisión?
No lo sabemos, porque es una medida desatinada e irracional, ya que las competencias en materia medioambiental están transferidas a las comunidades autónomas, siendo los funcionarios de estas administraciones los que actualmente las tienen atribuídas. Nos da la sensación de que el Ministerio ha recibido presiones para modificar este apartado, pues en el primer borrador de la ley no nos dejaba sin nuestras competencias.
Entonces, el Ministerio le resta competencias a las comunidades autónomas en este campo, pese a tenerlas transferidas. ¿Y qué dicen estas administraciones?
Hasta ahora, las comunidades no han presentado ninguna postura enérgica en contra. Sinceramente, no entendemos este paso hacia atrás en materia de descentralización, aunque está claro que este Gobierno es muy centralista. Además, y en lo referente a nuestro cuerpo, si estábamos inmersos en una investigación penal nadie fiscalizaba nuestras investigaciones, sólo teníamos que informar de su desarrollo.
¿Por qué cree que hay tanta urgencia por aprobar la Ley de Montes, por otra parte, muy criticada desde sectores ambientalistas y desde la oposición?
Tampoco comprendemos esta urgencia. Es una ley muy importante y debería seguir un trámite más lento. Pero seguro que antes de que se acabe la legislatura la aprobarán. Nosotros estamos luchando para buscar cualquier resquicio legal que atrase los trámites, y uno puede ser el que el actual proyecto de ley no haya sido sometido a información pública, pese a que ha habido cambios sustanciales respecto al primer anteproyecto.
Cambiando de tema. Ustedes que están día a día en contacto con el medio ambiente, ¿cuáles dirían que son los principales problemas de la Región?
Inmediato, tenemos un grave problema con la plaga del barrenillo, un insecto que ya ha acabado con 1.223 hectáreas de pino en un año, y amenaza extensiones mayores en toda la zona del valle del Guadalentín y la costa, y todo por culpa de la sequía. Consideramos también un gran reto los planes de gestión recogidos en la Red Natura 2000. Ha habido un gran despertar en la legislación ambiental.
