Aeromur sigue resistiéndose a perder el aeropuerto de Corvera. La sociedad liderada por Sacyr, que ya tenía ocho recursos presentados en los tribunales contra la Comunidad Autónoma, ha añadido dos nuevos litigios a la batalla legal por el aeropuerto. La empresa ha recurrido el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado mes de diciembre que le quitaba definitivamente el contrato y la decisión del Ejecutivo de renunciar al crédito participativo que ambas partes han venido negociando durante el pasado año. En total, Aeromur tiene ya abiertos diez frentes judiciales contra la Administración regional.
El Gobierno dio por terminadas las negociaciones con Aeromur el pasado 23 de diciembre, después de averiguar que el crédito participativo solicitado por Aeromur a devolver a partir de 2024 no podría ser autorizado por Bruselas. El consejero de Fomento, Francisco Bernabé, compareció la víspera de Nochebuena para anunciar la convocatoria de un nuevo concurso, cuyos pliegos se están ultimando en estos momentos. La Comunidad consideró que la empresa no ha adoptado medida alguna para garantizar la devolución del aval de 182 millones del aeropuerto y decidió poner en marcha una nueva convocatoria, con la esperanza de que participe Aena y de que la nueva concesionaria pueda llegar a abrir Corvera a finales de este año.
Tras la ruptura entre Aeromur y el Gobierno ambas partes han reactivado los litigios que estaban en suspenso desde el 14 de febrero de 2014, cuando el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, el anterior presidente de la Comunidad, solicitó la autorización del TSJ para tratar de alcanzar una solución negociada que permitiera devolverle a Aeromur la concesión rescindida en septiembre de 2013.
Esto ha supuesto la reapertura de los ocho frentes judiciales que Aeromur entabló entre 2012 y 2013, desde que la Comunidad se negó a revisar las cifras del contrato. A partir de ese momento se abrió una intrincada batalla legal en la que destacan tres procesos judiciales con especial relevancia para la Administración regional, conocidos como ´las tres erres´: el reequilibrio de las cuentas exigido por la empresa, que el Gobierno le negó; la rescisión del contrato en septiembre de 2013 y el reembolso de los 182 millones del aval que reclamó el anterior consejero de Hacienda, Juan Bernal, cuando la Comunidad asumió la deuda.
Ahora, Aeromur ha recurrido también contra el acuerdo del Gobierno del pasado 23 de diciembre, que le quitó definitivamente el contrato y le impedía seguir siendo el operador aeroportuario de Corvera. La empresa también rechaza la renuncia unilateral de la Comunidad al préstamo participativo, que lleva en tramitación desde principios de 2014. Aeromur aduce que ha venido cumpliendo todas las condiciones y dando los pasos para la apertura del aeropuerto, además de sufragar los vuelos de calibración y aportado más de 9.000 documentos ante los distintos organismos que deben emitir las autorizaciones para abrir Corvera. La lista de contenciosos pendientes incluye además los recursos de Aeromur contra las tres sanciones por incumplimiento del contrato que el Gobierno regional tuvo que imponerle ante los retrasos en la construcción del aeropuerto y en la obtención de los créditos para financiar la obra.
El Ejecutivo trata de salvar las garantías del préstamo
La Comunidad Autónoma también ha movido ficha ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras la ruptura de las negociaciones con Aeromur.
Desdiciéndose del acuerdo que el Gobierno regional tomó el 14 de febrero del pasado año, en contra de la voluntad del entonces consejero de Hacienda, Juan Bernal, la Comunidad trata de exigir garantías a Aeromur por la deuda de 182 millones de Corvera, que tuvo que asumir la Administración Regional cuando la empresa dejó de pagar. Teniendo en cuenta la cuantía del crédito, la Comunidad se ha dirigido al TSJ para solicitar que considere también la reclamación de garantías a la compañía, dentro del maremágnum jurídico en el que está sumido Corvera en este momento, con diez contenciosos en jaque.
