Los días de Pedro Antonio Sánchez como miembro del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia podrían estar contados. El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, sustituiría al consejero de Educación, Cultura y Universidades si la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia lo imputa tras una querella de la Fiscalía Superior la Comunidad Autónoma ha presentado contra Sánchez por la supuesta comisión de varios delitos en la construcción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de la que el vicesecretario de Organización del PP de la Región de Murcia fue alcalde entre los 2003 y 2013.
El presidente regional aplicaría así la doctrina que ha acuñado sobre la presencia de los imputados en las instituciones públicas. Para Garre, las personas con causas pendientes con la Justicia no deben ocupar cargos públicos ni figurar en las candidaturas electorales. Por este motivo salieron del Ejecutivo los altos cargos de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en el caso Púnica: Mariola Martínez, Reyes Samper y José Fidel Saura. Para justificar la presencia en el Ejecutivo de Sánchez y Cerdá, ambos imputados, desde San Esteban se argumentaba que sus causas judiciales se habían iniciado antes de que el Gobierno de Garre arrancara su andadura. Por ello apelaba Garre a la generosidad de sus consejeros para que dimitieran y no los destituía directamente a través de un decreto, algo para lo que tiene potestad como jefe del Ejecutivo.
Si un juez imputa de nuevo a Sánchez por esta nueva causa abierta por el fiscal superior, Garre sí aplicaría su doctrina y Sánchez -bien a través de una renuncia voluntaria acordada con el presidente o bien a través de un decreto de cese- tendría que abandonar el Consejo de Gobierno.
Y es que la situación judicial de Pedro Antonio Sánchez, el elegido por el presidente del partido en Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para ser candidato a la presidencia de la Comunidad, vuelve a complicarse con la querella de la Fiscalía ante el TSJ, que acusa a Sánchez y a una veintena de técnicos municipales de Puerto Lumbreras de ´recepcionar´ las obras del edificio del Teatro Auditorio, diseñado por el arquitecto Martín Lejárraga, sin que la obra estuviera completamente finalizada. La querella se presentó en el TSJ, quien ahora tiene que decidir si la admite a trámite, quién es la competente para tramitar el caso y nombrar un instructor. Ese instructor tendría que decidir si cita a declarar en calidad de imputado a Pedro Antonio Sánchez.
El consejero de Educación, quien asegura que ni él ni sus abogados tienen conocimiento por la vía oficial de la querella del fiscal, compareció ayer en la sede regional del PP para dar explicaciones y denunciar «una campaña de acoso» que considera que el PSOE de Puerto Lumbreras lleva contra él. «En diez años ha interpuesto 15 denuncias contra mi persona, y esta es la número 16, ya que el fiscal jefe hace suyas las acusaciones del PSOE».
Sánchez, quien fue apartado de la presidencia regional en marzo de 2014 por un auto del TSJ, opina que «no es causal» que las decisiones judiciales contra él se produzcan «cuando se acercan las elecciones o las campañas electorales», y en este caso concreto, «en un momento decisivo y decisorio» en el seno del PP, pues este mes la dirección nacional elegirá a los candidatos autonómicos. Según fuentes del PP, esta decisión podría prorrogarse en el caso de la Región de Murcia, con el objetivo de tener más tiempo para valorar si se mantiene la apuesta por el consejero como número uno pese a los obstáculos judiciales o se opta por otro candidato que no esté imputado. En cualquier caso, señalan las citadas fuentes, Garre no será el elegido.
Sánchez destacó que «estamos ante la crónica de una querella anunciada», pues sabía desde hace un año que el fiscal superior investigaba las obras del auditorio, y que incluso había visitado en persona el edificio en pleno mes de agosto. En este tiempo, «el ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha remitido a la Fiscalía toda la documentación que le ha solicitado, alguna incluso solicitada en varias ocasiones, y yo mismo he pedido en tres ocasiones por escrito poder personarme para que se escuchara mi versión, algo que se me ha negado».
El número tres del PP regional vaticinó que esta denuncia «se archivará, como las 14 anteriores», recordando que nunca no ha sido condenado por los tribunales «y ni siquiera me han llevado juicio». Por este motivo, asegura que «no voy a tirar la toalla» y que colaborará con la Justicia todo lo que esté en su mano en esta nueva causa que se ha abierto.
«El PSOE tiene un calendario electoral, judicial y político y yo estoy en medio. Calculan los tiempos para perjudicarme», denunció el consejero de Educación, quien manifiesta que duda del fondo de la querella del fiscal «por cómo han sido las formas». Pedro Antonio Sánchez señaló que ayer conversó con Alberto Garre y con Ramón Luis Valcárcel. «No perjudicaré a mi partido, en el que llevo desde los 14 años», finalizó el titular de Educación.
La obra
El fiscal considera que el ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en la época de Sánchez, ´recepcionó´ el edificio del auditorio sin que las obras estuvieran completamente finalizadas, lo que podría suponer fraude, prevaricación y malversación.
El consejero, por su parte, aseguró que el complejo consta de tres edificios, dos de los cuáles están acabados y acogen actividades culturales. Al tercer edificio, en cambio, le faltan todavía cosas por hacer. Pedro Antonio Sánchez defiende que la parte que está concluida se ajusta al proyecto aprobado inicialmente, al que recibió una subvención de seis millones de euros de la Comunidad Autónoma.
«Lo que queda es un tercer edificio -el que se ve en estas fotografías, tomadas la pasada semana- que se realizará cuando llegue otra ayuda económica que permita hacerlo, como pasa en todos los proyectos que se construyen en diversas fases», explicó el exalcalde de Puerto Lumbreras. Además, indicó que el proyecto no tuvo un solo informe en contra. «¿Cómo va a haber prevaricación?», se preguntó.
