La Audiencia Provincial de Murcia ha pedido al Gobierno de España «que instaure un razonable proceso despenalizador que deje fuera del Código Penal los ilícitos de gravedad menor para así no recargar en exceso las actividades de la administración de Justicia». La solicitud se contiene en una sentencia de la sección segunda que tiene como ponente a su presidente, el magistrado Abdón Díaz Suárez, en la que se añade que así «se dotaría de mayor eficacia la potestad punitiva jurisdiccional».

Estas observaciones se recogen en la sentencia en la que el tribunal ha revocado, por prescripción, la que dictó un Juzgado de Instrucción de Murcia que condenó a dos acusados por las faltas de lesiones y daños .

Para la sala, esa descarga de trabajo que se demanda permitiría aliviar de trabajo a los jueces de Instrucción, con lo cual se evitaría tener que declarar la prescripción de los hechos por el transcurso de los seis meses previstos para las faltas o por la ausencia de resolución judicial motivada dentro de ese plazo.

El tribunal dice igualmente que «es también inexcusable deber de los órganos del Estado dotar a la administración de Justicia de los medios necesarios para cumplir la misión jurisdiccional que le está encomendada y, en cualquier caso, el perjudicado puede siempre acudir a la vía civil en procura de indemnidad».