Aena advierte a los inversores interesados en comprar las acciones de la compañía cuando salga a Bolsa de que el Gobierno puede quitarle la gestión de la base aérea de San Javier, que aporta unos ingresos de 12,4 millones a la compañía. En el documento que la empresa pública ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relatando los riesgos a los que se enfrenta el negocio aeroportuario la sociedad alude también a la competencia que ejerce el AVE frente al avión en los trayectos inferiores a tres horas. La llegada del AVE a Murcia está anunciada para este año, aunque lo más probable es que sea en 2016, dado que la apertura de plicas del concurso está prevista para la próxima semana.

El futuro del aeropuerto de San Javier está pendiente en estos momentos de las negociaciones entre Fomento y la Comunidad Autónoma para la apertura de Corvera. La ministra, Ana Pastor, anunció el pasado mes de diciembre en una visita a Murcia que Aena entraría en el concurso para la gestión de Corvera que prepara el Ejecutivo. El Ministerio tiene ya un acuerdo con el Gobierno regional para trasladar los vuelos comerciales de San Javier a Corvera, que no se ha materializado.

En el folleto remitido a la CNMV la sociedad advierte a los posibles inversores de que el Gobierno podría retirarle la gestión de la base aérea de Murcia-San Javier, que en 2013 le reportó unos ingresos de 12,4 millones de euros. San Javier, que en 2014 tuvo casi 1,1 millones de pasajeros, es un aeropuerto rentable, aunque los beneficios no llegan a cubrir totalmente las amortizaciones de la deuda con la que se pagó la construcción de sus nuevas instalaciones y de la segunda pista, que utiliza la Academia General del Aire y que fue inagurada en marzo de 2011. El importe total de la inversión ascendió a unos 75 millones, aunque la deuda se ha reducido ya en torno a unos 10 millones.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que autoriza la salida a bolsa del 28% del capital del gestor aeroportuario público Aena mediante una oferta pública de venta (OPV). El Gobierno mantendrá un 51% bajo titularidad pública y privatizará el 49% del capital de la sociedad, un 28% mediante la colocación de acciones en el mercado y un 21% mediante la entrada de tres socios de referencia que ya han sido seleccionados.