Tres años y medio después de la intervención de la CAM por el Banco de España comienza hoy en la Audiencia Nacional el primer juicio de los cinco que hay en curso por la quiebra de la entidad, que ha obligado al Fondo de Garantía de Depósitos a tapar el agujero con una inyección millonaria, cuyo monto total aún está por concretarse. Los acusados en esta primera causa son el expresidente de la comisión de Control de la Caja que fue concejal del PP en el ayuntamiento de Murcia, Juan Ramón Avilés, y el exdirector general Roberto López Abad.

Será la primera vez que quien fuera el máximo responsable ejecutivo de la caja durante una década, Roberto López Abad, se siente en el banquillo de los acusados. La primera, pero no la última. Sobre su cabeza pesan de momento otras tres imputaciones más: las que se han derivado de las causas abiertas por el supuesto falseamiento de la cuentas de la entidad, la que se sigue por los negocios de la caja en el Caribe y la iniciada recientemente por el pago al expresidente Modesto Crespo de 640.000 euros en dietas.

López Abad se enfrenta a una petición de penas que va de los cuatro años de prisión que reclama la Fiscalía a los seis que solicita la acusación particular, lo que conllevaría, en caso de sentencia condenatoria, su ingreso en prisión. Al ex alto ejecutivo se le imputa haber ideado una estrategia para abonar dietas sin ninguno tipo de limitación a los miembros de la comisión de control de la CAM, donde sí existían esos frenos, mediante la creación de un órgano similar en una de las filiales inmobiliarias de la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones.

Junto a él se sentará hoy el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, a quien las acusaciones no sólo le piden cuentas por el cobro de estas dietas, sino también por las refinanciaciones fuera de toda lógica económica que el empresario y exconcejal del PP en Murcia logró de la caja para sus empresas sirviéndose, mantienen, del cargo que ocupaba. Se le acusa además de haber simulado la venta de una de sus sociedades a su hermana para ocultar la situación de morosidad en la que se encontraba, algo a lo que, según ha dejado patente la instrucción, no eran ajenas las altas esferas de la entidad. Las penas solicitadas para Avilés oscilan entre los dos años y medio y los diez de prisión. A título lucrativo están también acusados todos los miembros de la comisión y la familia directa de Avilés. De entrada, el juez reclamó al empresario 6, 6 millones de fianza y a López Abad, que respondiera de los casi dos millones que cobraron en total. El juicio, señalado para seis jornadas, concluye a mediados de febrero.