El lorquino Miguel Melenchón Rubio es un recluso que ingresó en el centro penitenciario Murcia II, en Campos del Río, tras haber sido detenido por las fuerzas de seguridad hace nueve meses por tráfico de estupefacientes. A la espera de que pronto lo dejen en libertad provisional hasta que se celebre el juicio oral, Miguel cumple en la cárcel una doble condena. Además de la privación de libertad, el preso sufre los efectos pasivos del tabaco, pues denuncia que en la prisión no se cumple la ley estatal antitabaco, que aunque permite fumar en los centros penitenciarios, también obliga a establecer zonas específicas para los que no son fumadores.

Así, Miguel Melenchón ha iniciado una huelga de hambre, que dura ya 17 días, para exigir a los responsables de la prisión que cumplan la normativa antitabaco o que, al menos, le asignen compañeros de celda que no fumen. El preso, de 60 años, alega que sufre diabetes e hipertensión, y que su estado de salud se agrava debido al humo que desprenden los cigarros de los demás presos. En una conversación telefónica con esta Redacción, el recluso señaló que permanece sin probar bocado «para exigir que se aplique la ley, ni más ni menos. Ya que no habilitan espacios para fumadores y no fumadores, que al menos no me destinen a una celda con una persona que fume. Es lo que llevo exigiendo sin éxito desde que entré hace nueve meses».

El recluso cuenta con una receta médica de los servicios sanitarios del centro penitenciario de Campos del Río en la que se recomienda que debe compartir habitáculo con otro interno que no sea fumador por cuestiones médicas. Pero todas sus reclamaciones cayeron en saco roto, por lo que decidió intensificar sus protestas y, a pesar del riesgo que implica para su salud, inició el pasado 27 de diciembre una huelga de hambre. Para colmo, su acción de protesta le ha valido la apertura de un expediente disciplinario interno, ya que las autoridades penitenciarias consideran que la instancia que dirigió al director de la prisión para informar del inicio de su huelga de hambre podía constituir una falta «muy grave». La pena podría suponer entre 6 y 14 días de aislamiento.

Miguel Melenchón asegura que ha perdido once kilos y que su salud se está deteriorando como consecuencia de la falta de alimento. «Ya no puedo más, me cuesta mantenerme en pie», señalaba ayer por teléfono a este diario. Está siendo atendido por los servicios sanitarios de Campos del Río. El riesgo es mayor en una persona que, como él, padece diabetes e hipertensión. La pasada noche durmió en la enfermería del centro.

Su pareja, Micaela, está asustada y desesperada ante las consecuencias que podría tener para su estado físico esta acción reivindicativa. Ruega a las autoridades penitenciarias que accedan a la petición de su compañero sentimental, pues opina que no cuesta nada vigilar más el proceso de reparto de las habitaciones y tener en cuenta las circunstancias especiales de Miguel.

Las huelgas de hambre prolongadas tienen, más tarde o más temprano, consecuencias fatales sobre quienes las llevan a cabo. Los médicos suelen coincidir en que el plazo máximo para que se produzca la muerte por inanición se produzca ente los 60 y los 90 días del inicio de la misma.