El titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Murcia, David Castillejos, decidió levantar ayer el secreto que pesaba sobre parte de las diligencias instruidas en el caso Umbra, centradas en la investigación del patrimonio de uno de los imputados, el alcalde Miguel Ángel Cámara.

En los más de ochocientos folios de los que consta esta pieza del caso, en el que se investigan supuestas irregularidades relacionadas con convenios urbanísticos de la zona norte del municipio, destaca especialmente la atención que ponen los investigadores en el patrimonio de dos personas que hasta ahora habían pasado desapercibidas en las diligencias: los suegros de Cámara.

Según fuentes cercanas a la investigación, de las averiguaciones practicadas, entre las que se encuentran varios informes de Hacienda, no se desprende un enriquecimiento llamativo o desmedido en el patrimonio personal del alcalde, del Partido Popular. Sí ha llamado la atención, sin embargo, la transferencia de alguna partida de dinero por parte del regidor municipal hacia los padres de su esposa.

Asimismo, tampoco se pasó por alto en las diligencias el hecho de que los suegros del edil imputado cerraran la venta de unos terrenos de su propiedad situados en la pedanía de Baños y Mendigo, en el Campo de Murcia, con sociedades que han resultado implicadas precisamente en la supuesta trama urbanística que se investiga en el caso Umbra, según las mismas fuentes consultadas por esta Redacción. Aunque dichas fuentes no precisaron el importe obtenido por la venta de los terrenos, sí que se refieron a «una cantidad importante». De este modo, las sospechas parecen apuntar a un posible desvío de dinero por parte del primer edil hacia su familia política, para así no tener que dar cuenta del mismo, según explicaron las fuentes consultadas.

El juez ha decidido ahora hacer público a las partes personadas en el caso el contenido de estas diligencias después de cerca de un año de secreto, justificado por el hecho de no entorpecer las investigaciones.

El propio Castillejos también ha justificado en más de una ocasión la lentitud con la que avanzaban las pesquisas por la falta de medios de que dispone en su juzgado para una investigación de tal calado, en la que hay una veintena de imputados, entre ellos políticos en activo, como Cámara, ex concejales como Fernando Berberena, abogados (Higinio Pérez) o empresarios (Jesús Samper o Renato del Noce, entre otros).

Sin embargo, pese a la decisión de levantar el secreto del sumario sobre los resultados de estas investigaciones, que incluyen varios informes de la Fiscalía así como de la Hacienda Pública, ni el auto ni esos informes estuvieron ayer en manos de los abogados personados en el caso. Tendrán que esperar hasta el próximo lunes para acceder a la información.

Desde que comenzaron las investigaciones en esta pieza separada se han ido conociendo detalles de la misma. Así, al parecer, el alcalde tuvo que aportar justificantes de una entidad bancaria, a la que pertenecía a través de su consejo de administración, al llamarle la atención al juzgado que en tres años no hubiera movido dinero de cuentas bancarias.

El alcalde pudo haberlo justificado por los 1.800 euros al mes en metálico que habría recibido como consejero de esa caja de ahorros durante ese periodo de tiempo.

El levantamiento del secreto del sumario de ayer llega a dos días de la celebración de los Santos Inocentes (28 de diciembre), tras casi un año de espera. La defensa de la autoridad municipal ha indicado en otras ocasiones que el primer edil se encontraba ya cansado por esta situación, que estaba dando lugar a todo tipo de rumores, y que provocan indefensión en una persona pública como el alcalde de la primera ciudad de la Región.

Según la defensa, Miguel Ángel Cámara, que accedió a la Alcaldía de Murcia en 1995 y está imputado por prevaricación administrativa en el caso Umbra, se está viendo perjudicado por esos rumores que, a su juicio, son infundados porque «él sabe lo que tiene y sabe que su patrimonio es público a través de su renta».

Por otra parte, Miguel Ángel Cámara, también secretario general del PP regional, fue el primer cargo público del PP murciano al que se le abrió expediente informativo por su imputación. Fue en mayo de 2012.