Los profesores tendrán que pasar exámenes de forma sistemática para evaluar el desarrollo de su trabajo. Esta es una de las novedades que incluye el borrador del Decreto de Evaluación que está ultimando la consejería de Educación y en el que se dejarán claras las líneas generales de los controles sobre el rendimiento de los alumnos, el éxito de los programas educativos, el funcionamiento de los centros y las tareas docentes de los profesores. Por el momento, lo que se conocen son generalidades, porque los detalles exactos se irán desgranando una vez se apruebe el decreto a través de órdenes. La consejería de Educación asegura no tener definidos los detalles de esta evaluación, pero sí que hay algunas ideas previas como el hecho de que la opinión de los padres pueda ser tenida en cuenta tanto en la evaluación a los profesores como en la evaluación general al centro.

«Una de las cuestiones a tener en cuenta podría ser el nivel de satisfacción que tienen las familias, preguntarles qué piensan sobre los profesores de sus hijos o del funcionamiento general del centro y sus programas», apunta la directora general de Calidad Educativa, Begoña Iniesta, que asegura que cualquiera de los índices que se tendrán en cuenta serán pactados con los sindicatos y con los directivos de centros de enseñanza. El cumplimiento de los programas, las metodologías implantadas o los resultados de sus alumnos son algunas de las cuestiones que Educación podría plantearse como elementos de la evaluación que, según insistió Begoña Iniesta, estará fundamentada esencialmente en criterios que puedan ser objetivos.

Establece el borrador del decreto que «la administración educativa tendrá en cuenta los resultados de la evaluación de la función pública docente para la toma de decisiones contundentes para la mejora del sistema educativo». Lo que signifiquen «medidas contundentes» todavía está por definir, pero Begoña Iniesta garantizó que «este decreto no tiene ningún interés punitivo, sino que va encaminado a mejorar la calidad de la enseñanza. Cuando haya resultados mejorables se trabajará para conseguirlo», explicó, dejando entender que tanto en los resultados de las evaluaciones docentes como a los resultados de los propios centros, las medidas de mejora ante una evaluación negativa serán esencialmente voluntarias.

Actualmente ya se llevan a cabo evaluaciones a los docentes, pero suelen ser por iniciativa propia con el objetivo de participar en los procesos selectivos para obtener una cátedra o para conseguir una plaza de profesor en el extranjero.

Lo que sí se sabe ya es que una de las novedades de este sistema de evaluación se centrará en los controles a los profesores interinos que trabajen en la enseñanza pública por primera vez. El profesor sin experiencia tendrá un tutor docente asignado, con el que compartirá la responsabilidad de llevar a cabo la programación de sus asignaturas. Al terminar su periodo de trabajo, el profesor tutor hará un informe que, de ser positivo, permitirá que siga estando en las listas de interinos y trabajando, mientras que una evaluación negativa podrá suponer la expulsión de la lista.

Hasta ahora la única evaluación sistemática que se hacía a los docentes que empiezan su carrera era a los funcionarios en prácticas durante su primer año. Esta evaluación se seguirá haciendo en términos muy similares a los actuales.

La labor global de los centros educativos también estará sometida a evaluación. Se harán dos: una interna periódica y otra externa, a través de la inspección educativa, con cáracter aleatorio y estadístico. Las cuestiones que se tendrán en cuenta en estas evaluaciones no se adelantan en el borrador del decreto. Lo que sí establece es que los resultados de estas pruebas se darán a conocer a la comunidad educativa, teniendo en cuenta los condicionantes socioeconómicos y socioculturales del entorno.

También la Administración educativa, es decir, la propia Consejería participará en este proceso de evaluación con exámenes a las diferentes unidades que participan en la gestión.

El decreto también habla de las evaluaciones a los alumnos, reguladas en su mayoría por la Ley Educativa. Se citan las pruebas en 3º y 6º de Primaria y en 4º de ESO y 2º de Bachillerato, obligadas por la LOMCE, pero el decreto añade que se podrán hacer más evaluaciones coordinadas por la consejería de Educación.

Las enseñanzas en sí mismas también serán objeto de evaluación con el objetivo de medir «su eficacia a través de los resultados del alumno».

La consejería de Educación prevé que para el curso que viene ya pueda estar en marcha alguna de las órdenes y que la evaluación sistemática de todos los actores educativos ya esté en marcha.