Los partidos políticos deberán suspender de militancia automáticamente a aquellos militantes y dirigentes a los que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación. Esta es una de las medidas más importantes en el programa de regeneración de la vida política que anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados.
Aunque no se habla expresamente de los cargos públicos de los Gobiernos, por primera vez se marca una línea roja para actuar en los procedimientos judiciales en los que se ven inmersos los dirigentes políticos, que se han incrementado en los últimos años.
De esta forma, el Gobierno regional y los partidos políticos de la Región de Murcia ya tienen unas directrices claras sobre qué hacer cuando se abre un proceso por corrupción política. Hasta ahora, cada uno seguía una línea. En la Región han gobernado incluso alcaldes condenados -el de Fortuna, Matías Carrillo, no dimitió hasta que el Tribunal Supremo ratificó su inhabilitación por compra de votos-, mientras que otros como los tres cargos públicos de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación que se vieron implicados en el caso Púnica (Mariola Martínez, Reyes Samper y José Fidel Saura), presentaron su renuncia sin saber siquiera si estaban formalmente imputados en la causa.
La medida anunciada por Rajoy supone un respiro para los políticos de la Región que se encuentran imputados en procedimientos judiciales, entre ellos dos consejeros del Gobierno regional, Antonio Cerdá Antonio Cerdáy Pedro Antonio Sánchez, así como el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y los alcaldes de las dos principales ciudades, Miguel Ángel Cámara Miguel Ángel Cámara(Murcia) y Pilar Barreiro (Cartagena). La barrera de la apertura de juicio oral, que también incluye el PSOE en su Código Ético, reducirá la presión sobre ellos.
Sobre el plan anticorrupción de Mariano Rajoy se pronunció el consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz, quien destacó que el presidente del Gobierno aplica medidas que ya se incluyen en la Iniciativa Integral de la Transparencia que tiene en marcha el Ejecutivo presidido por Alberto Garre. Entre ellas, estaría la obligación de los altos cargos de elaborar una declaración responsable en el momento que sean nombrados, así como informar detalladamente de sus actividades, bienes y derechos al inicio y al final de su mandato, con el fin de que se pueda detectar cualquier señal de enriquecimiento ilícito, irregular o injustificado. El portal de la transparencia de la Región, recordó Ruiz, muestra asimismo las retribuciones de todos los cargos públicos, tal y como prevé realizar el Gobierno central.
Ruiz también resaltó que Rajoy se ha hecho eco en su programa de reivindicaciones que el presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, viene realizando desde que asumió el cargo. Así, el consejero de Presidencia y Empleo se felicitó de que se vaya a establecer un plazo máximo para la instrucción de los procedimientos judiciales, con el fin de evitar que se eternicen los procesos de repercusión social. Para ello, el presidente del Gobierno recordó que se van a convocar 100 nuevas plazas de jueces y fiscales, tal y como contemplan los Presupuestos Generales del Estado de 2015. También anunció que el Consejo de Ministros aprobará hoy la dotación de más recursos para el impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial. «Celeridad a la Justicia es lo que ha venido reclamando el presidente Garre desde que es el jefe del Consejo de Gobierno», indicó el consejero de Presidencia y Empleo.
Respecto a los imputados del Ejecutivo, José Gabriel Ruiz consideró que la línea de la apertura del juicio oral -que implica que ya existe un escrito claro de acusación- es la más coherente aunque, tal y como expresó el presidente Garre en la Asamblea Regional durante su comparecencia del pasado martes, «si alguien quiere ejercer su generosidad, indudablemente será bienvenida».
Sobre la lucha contra la corrupción se pronunció también el consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, uno de los que está imputado por la Administración de Justicia. El responsable regional se mostró conforme con que se persigan y combatan los comportamientos ilícitos e inmorales que se puedan producir en las Administraciones públicas. Sin embargo, Sánchez declaró que «las denuncias falsas y la persecución judicial a personas inocentes también son corrupción».
En Cartagena
Los partidos de la oposición del ayuntamiento de Cartagena consideran que las medidas propuestas ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no son suficientes para atajar el problema.
Desde el PSOE, la portavoz, Ana Belén Castejón, pidió a Rajoy una respuesta más contundente y recordó que «lo más lamentable es que ha comparecido porque se ha visto obligado. No basta con pedir perdón, hay que asumir responsabilidades y son éstas las cuestiones que están alejando al Gobierno de la ciudadanía. La situación en materia de corrupción es dramática, con casos que afectan al Gobierno, pero también al resto de partidos».
Por su parte, Cayetano Jaime Moltó de IU-Verdes, informó que, desde su formación, «presentamos una Propuesta de Ley Orgánica en la que se preveía lo que ahora ha anunciado, pero con más intensidad. No es suficiente que los corruptos sean castigados con inhabilitación, pedimos que incorpore pena de prisión. O se sube mucho el listón con este tema o seguirá ocurriendo».
El portavoz de Movimiento Ciudadano, José López, manifestó que «consideramos las promesas de lucha contra la corrupción como una pose más de Rajoy obligado por las circunstancias» y añadió que «sólo la refundación del sistema democrático mediante Cortes Constituyentes, que modifique la organización territorial del Estado y centralice el poder legislativo, podrá frenar a los corruptos».
El portavoz del PP y vicealcalde del municipio, José Cabezos, indicó que «son medidas contundentes para perseguir a los corruptos. Lo lamentable es que la propuesta sea sistemáticamente rechazada por una oposición que prefiere estar frente al Gobierno que frente a los corruptos».
«Nos deja boquiabiertos»
Por su parte los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, coinciden en que el presidente del Gobierno debería empezar por solucionar el problema en el PP. José Campillo, delegado comarcal de CC OO en Cartagena, destacó que «Nos deja boquiabiertos que proponga medidas a nivel general cuando no barre lo que hay en su partido. No le damos credibilidad a sus palabras ni sus medidas».
Fulgencio Andreu, de UGT, explicó que «es la eterna contradicción del PP: Proponer medidas a nivel general cuando no se adoptan a nivel particular. Es una dinámica común del partido. La medida la sabemos todos y es apartar de su cargo a todo político que tenga un proceso abierto».
