El secretario general de la consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Amador López, presentó ayer su dimisión tras ser imputado, junto a otras 30 personas, por el instructor del llamado caso El Roblecillo, de presunta corrupción en Caravaca de la Cruz, ciudad en la que López fue concejal del PP durante varias legislaturas.
Amador López, quien ocupa el cargo de secretario general de la Consejería desde el mes de abril, presentó el escrito de dimisión «forma voluntaria», una vez que se tuvo conocimiento del auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Murcia que lo imputaba en esta causa, que es una pieza separada del caso Líber-Biblioteca, que investiga una supuesta trama corrupta en Librilla y Aledo.
Con la salida de Amador López, que fue concejal de Urbanismo en el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, queda vacante la secretaría general de la consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
Además del secretario general de la consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, pusieron su cargo a disposición del consejero Manuel Campos el subdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, José María Ródenas, y la jefa del servicio de Urbanismo de la dirección general de Vivienda, Margarita Ros, también implicados en el caso Roblecillo.
Fuentes de la consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio señalaron que el consejero Manuel Campos -quien es fiscal en excedencia- se reunió en la tarde de ayer con ambos para que le explicaran su implicación en el caso Roblecillo. Tras el encuentro, los dos cargos públicos, que son funcionarios de carrera pero que ostentan puestos directivos de libre designación, tomaron la decisión de poner en manos de Campos su futuro profesional. La decisión sobre Ródenas y Ros será tomada por el consejero en los próximos días, según las fuentes.
De esta manera, son ya seis las dimisiones que se han producido esta semana en el segundo escalón del Gobierno regional, debido a la nueva política que ha adoptado el Partido Popular con respecto a los imputados. El lunes estallaba la Operación Púnica, con ramificaciones en la Región, y tuvieron que prestar declaración ante la Guardia Civil la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, la responsable del Instituto de Fomento (INFO), Reyes Samper, y el jefe de gabinete de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, José Fidel Saura.
Al día siguiente, los tres comunicaron su decisión de poner su cargo a disposición del consejero, Juan Carlos Ruiz, quien no cubrirá sus puestos hasta que se conozca su grado de implicación en la Operación Púnica.
Ese mismo día, el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, agradecía «la generosidad» de los tres cargos de su Gobierno por presentar voluntariamente su renuncia, lanzando un mensaje a sus dos consejeros imputados en procesos judiciales: Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación, Cultura y Universidades, y Antonio Cerdá, titular de Agricultura y Agua. «La generosidad no es una cosa que vaya por barrios, la generosidad es una cosa personal», manifestó el jefe del Ejecutivo. Unas palabras que han causado un terremoto político en sectores del PP, sobre todo entre los alcaldes, que se ven de esta manera en el punto de mira.
