«La generosidad no es una cosa que vaya por barrios. La generosidad es algo personal. No tengo más que decir». La respuesta que el presidente de la Comunidad, Alberto Garre, dio a la pregunta de los periodistas sobre la continuidad en el Gobierno de dos consejeros imputados por la Justicia -Pedro Antonio Sánchez, responsable de Educación, Cultura y Universidades, y Antonio Cerdá, titular de Agricultura, Agua y Medio Ambiente- es todo un aviso a navegantes. Y una auténtica declaración de intenciones que puede abrir una brecha en el Ejecutivo y en el PP de la Región.

Garre llegaba a la Asamblea Regional minutos antes de las once de la mañana, hora a la que estaba prevista su comparecencia para informar de la entrevista que mantuvo con el presidente Rajoy en La Moncloa a finales de julio.

Y daba la primicia de la dimisión de los tres cargos de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación -Mariola Martínez, Reyes Samper y José Fidel Saura- que, a esa misma hora, habían citado a los medios de comunicación en Murcia para anunciar, precisamente, su renuncia. El presidente regional se les adelantó por escasos minutos y la noticia se extendía por las redes sociales.

El jefe del Ejecutivo regional señaló que no le constaba que las responsables del Instituto de Turismo y el Instituto de Fomento, así como el jefe de gabinete del consejero, Juan Carlos Ruiz, hubieran sido detenidos en la Operación Púnica, y menos que estuvieran imputados.

Garre manifestó que, como no conoce el procedimiento, «no tengo ninguna duda sobre ellos». No obstante, también señaló el presidente que otra de las cosas que tenía claras es que «no se puede mantener ni un día más en la duda a la sociedad murciana», por lo que la dimisión de los tres responsables del segundo escalón del Ejecutivo «les honra a ellos, a mí me llena de orgullo y favorece la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y en los partidos políticos». A los cargos públicos dimisionarios, si en los próximos días queda claro que no han tenido implicación en la trama corrupta liderada por Francisco Granados, «se les compensaría de alguna manera».

Inevitablemente, los medios de comunicación preguntaron a Garre que explicara por qué tanta contundencia con los afectados en la Operación Púnica cuando hay dos miembros del Gobierno imputados en procedimientos judiciales. Ahí es cuando dijo la frase de marras, muy comentada durante todo el día en las filas del PP.

A pocos les queda duda de que la apelación a la generosidad es una clara invitación a Cerdá y Sánchez para que abandonen el Ejecutivo por su propia voluntad, aunque el presidente de la Comunidad es el que tiene la competencia exclusiva para decidir qué personas se sientan en el Consejo de Gobierno. Una remodelación le bastaría a Garre para prescindir de los consejeros imputados. No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo enseña la puerta de salida a un dirigente de su partido imputado. Ya este verano, cuando se conoció la implicación del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, en el caso Novo Carthago, indicó que a éste solo le quedaba una salida «y todos saben cuál es».

En el caso de Cerdá, imputado también en Novo Carthago, su marcha no tendría grandes consecuencias en el Gobierno y en el PP, puesto que el responsable de Agricultura, de la vieja guardia del PP, no figura entre los posibles líderes del partido en el futuro. El consejero atendió a este diario al término de la comparecencia de Garre en la Asamblea y declaró que no se siente aludido por las palabras del presidente. «Yo soy inocente. Si tuviera la más mínima duda, me hubiera ido hace meses», indicó el consejero.

El caso de Pedro Antonio Sánchez es diferente. Estaba destinado a sustituir a Valcárcel como presidente, pero el recurso de la Fiscalía al auto de sobreseimiento a la causa que pesaba contra él en el TSJ lo cambió todo. Garre lo mantuvo en el Gobierno, pero tanto su presencia como la de Cerdá parece contradecir la política de regeneración democrática que quiere impulsar el presidente desde que tomó posesión en abril. No hay día que a Garre no le recuerden la presencia de imputados en el Ejecutivo.

En cambio, prescindir de Pedro Antonio Sánchez -quien, si soluciona sus problemas judiciales, podría disputar a Garre la candidatura a la presidencia de la Comunidad- podría causar un terremoto en el PP, pues fue el dirigente más apoyado en la ronda de consultas que realizó Valcárcel para elegir a su sucesor. Además, es una persona clave dentro del aparato del PP, lo que le ha permitido contar con muchos apoyos en los distintos municipios. Sobre todo, es el auténtico referente político para los jóvenes del partido que ahora copan la primera línea.

Dirigentes de sectores próximos al responsable de Educación lamentaban ayer las palabras de Garre, pues consideraban que se le ha puesto a los pies de los caballos. «Que haga una remodelación y lo destituya si así cree que debe de hacer, pero ahora, haga lo que haga Pedro Antonio, tiene las de perder», interpretaban.

El gesto serio del consejero de Educación, Cultura y Universidades durante la comparecencia de la Asamblea Regional lo decía todo. La gente más próxima a él, no obstante, intuye que estaría cercano el segundo auto de sobreseimiento de la causa abierta contra él en el TSJ.

Mientras tanto, otro de los protagonistas de esta historia es Juan Carlos Ruiz, el responsable de la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, donde se han producido las dimisiones. Interrogado sobre si dimitiría si se le implicara a él en la Operación Púnica, el consejero señaló que sí, añadiendo que él está en el cargo «para solucionar los problemas de la gente, por lo que si entendiera que mi labor no ayuda a solucionar los problemas, entonces me iría a mi casa».

En el entorno de Garre, por su parte, se considera ejemplar la contundente respuesta del Ejecutivo regional en la primera crisis a la que se enfrenta. Se piensa, además, que se ha creado un precedente ante futuros casos de corrupción que puedan afectar en el futuro a las instituciones públicas.