Seis años después de que se produjeran las primeras detenciones, la instrucción del llamado caso Biblioteca, que destapó una supuesta trama de corrupción en el ayuntamiento de Librilla, ha llegado a su fin.

El titular del Juzgado Número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, emitió ayer un auto en el que inicia el procedimiento abreviado contra 15 personas, entre ellas el exalcalde de Librilla José Martínez García, de quien destaca que cobró «abultadas comisiones» de dinero por la adjudicación de contratos municipales a un entramado de empresas cuyo cerebro era el funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano Valverde, quien no rendirá cuentas ante la Justicia porque falleció en plena instrucción del caso.

El paso que da el juez Carrillo es el previo a la apertura del juicio oral. El auto ha sido trasladado al Ministerio Fiscal y a las defensas para que, en el plazo de diez días, formulen escrito de acusación o solicitud de sobreseimiento.

Los imputados son el exalcalde José Martínez García, los exconcejales Pedro Martínez Muñoz y Francisco Navarro Warren, así como el secretario e interventor municipal, Marcos Martín Tovar, y el arquitecto técnico José Luis Martínez López. También figuran en la lista de procesados Domingo Peñalver Rojo, uno de los dueños de la sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo para la Ingeniería (ACADI), presunta adjudicataria de los contratos amañados, así como el que fuera gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora, al que se atribuye su participación en las adjudicaciones de obras municipales de forma irregular. El resto de imputados son Cesáreo Gil de Pareja y Otón, Francisco Julián Mena Martínez, Francisco Javier Conejo Montilla, Ginés Caravaca Martínez, José Antonio Tudela Méndez, Juan Alfonso Cazorla Navarro, José Andrés Ñíguez Cortés y Diego Quiles Gómez, todos ellos empresarios ligados a la trama encabezada por el funcionario José Luis Cano Valverde.

Por el contrario, el Juzgado de Instrucción ha decretado el sobreseimiento provisional del constructor Santiago Martínez Esparza, de sus tres hijos y de la esposa de uno de estos, que fueron imputados inicialmente, así como de las esposas de Cortés Otálora y de José Luis Cano Valverde.

Los delitos que se achacan a los imputados son prevaricación, cohecho y falsedad documental.

En el auto, el juez sitúa en el centro de la trama a José Luis Cano Valverde (quien era jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la consejería de Presidencia y tenía «estrechas relaciones y de ascendiente funcional con los dirigentes locales», señala el juez), y Domingo Peñalver Rojo, los cuales eran socios en la empresa Acadi S. L. Estos, según el juez, con la colaboración del resto de imputados, tejieron «un entramado societario» con el fin de «enmascarar esta trama de intereses para la consecución de contratos públicos de modo espúreo» de administraciones como la Comunidad y, sobre todo, el ayuntamiento de Librilla.

De este entidad local obtuvieron suculentos contratos adjudicados a dedo, entre ellos la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para ello, pagaron comisiones al alcalde. Entre ellas, el juez cita la entrega, en julio de 2007, de 40.000 euros a José Martínez García por parte del socio de Acadi Domingo Peñalver. «No puedo hacer el tonto, venga a trabajar, para que luego se lleven otros el dinero», atribuye el instructor al exalcalde.