El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez del caso Novo Carthago que investiga una presunta corrupción cometida en la modificación del plan de ordenación urbana de Cartagena para hacer viable un macroproyecto en terrenos próximos al Mar Menor, parte de los cuales gozaban de protección ambiental.
Bascuñana, según han indicado a Efe fuentes judiciales, ha señalado que tuvo conocimiento de su imputación hace apenas una semana y que no ha tenido tiempo de conocer el contenido de la causa para poder defenderse con todos los derechos de que dispone según la legislación.
El delegado ha expuesto igualmente que su defensa ha presentado un recurso de apelación contra su imputación, que fue acordada por el instructor el pasado 24 de junio, por lo que considera que su declaración tenía que haberse dejado en suspenso hasta que se pronunciara la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque en todo momento ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.
El juez ha dejado constancia, en acta, de las seis preguntas que se proponía hacerle, en una de las cuales quería saber si Bascuñana, cuando era consejero de Obras Públicas, aprobó la modificación urbanística "porque se lo pidió solo una inmobiliaria en su proyecto urbanizador o porque habló de ello o le hablaron otros políticos".
El magistrado quería asimismo que dijera por qué dio la aprobación definitiva a esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana que transformaba el suelo de no urbanizable a urbanizable, cuando el expediente contaba con el informe contrario de un jefe de servicio y de un técnico de medio ambiente.
El acta recoge también las preguntas que tenía preparadas el fiscal anticorrupción, una de las cuales se interesaba por conocer cuando se enteró del proyecto Novo Carthago y de las demás circunstancias del mismo.
Por su parte, la acusación popular, ejercida en nombre de IU-Verdes, ha dejado constancia en el acta de la declaración de su pregunta en la que hacía referencia a los motivos que tuvo este imputado para aprobar de forma definitiva la modificación urbanística "pese a las radicales y severas limitaciones y condicionamientos que determinaban el informe de la dirección general de regadíos y desarrollo natural".
