Cinco años. Eso es lo que lleva esperando una mujer a que el SMS le facilite un expediente de responsabilidad patrimonial cuya tramitación está paralizada por la falta de emisión del informe técnico valorativo por parte del Servicio de Inspección Técnica de la Consejería. Tras la larga espera, y viendo que no hay indicios de que vaya a recibir dicho documento, la ciudadana se puso en contacto con el Defensor del Pueblo, quien critica las dilaciones del mencionado Servicio de Inspección de Prestaciones Sanitarias y solicita la intervención de la consejería de Sanidad.
El Defensor del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán, recuerda al SMS que está obligado a cumplir las disposiciones relativas al impulso de oficio del procedimiento, así como a resolver de manera expresa el procedimiento de responsabilidad patrimonial instado por la queja de una ciudadana. Asimismo, aconseja a la consejería de Sanidad y política Social que realice una inspección con la finalidad de vigilar, supervisar y controlar el correcto funcionamiento del Servicio de Inspección de Prestaciones Sanitarias.
Según una resolución, en mayo de 2011 una mujer presenta una queja en la que relata que el expediente que solicitó tiene su origen en el fallecimiento de su marido como consecuencia de lo que considera una presunta mala praxis profesional en la operación de extracción de balón gástrico que se le practicó en el hospital Morales Meseguer de Murcia. Según expone la ciudadana, en marzo de 2007 presentó un escrito de reclamación patrimonial ante la consejería de Sanidad por la muerte de su esposo. Transcurridos seis meses, la administración le comunicó que se abría un periodo de prueba y que se procedía a solicitar la emisión del informe correspondiente a la inspección médica.
Desde entonces, añade la interesada en su queja, en numerosas ocasiones se ha interesado por saber el estado del expediente, obteniendo siempre la misma respuesta, que «el expediente está pendiente de informe de la inspección médica». Por ese motivo, acudió al Defensor del Pueblo, para que le ayude a que «el expediente administrativo deje de estar paralizado y reanude su trámite para obtener una respuesta de la Administración en un sentido y otro, y, en caso de denegarse su reclamación, poder acudir a los tribunales de Justicia».
En junio de 2011, la Defensoría, requirió a la consejería de Sanidad y Política Social para que informarse sobre la queja planteada, en concreto sobre los motivos de la falta de contestación a la reclamación presentada por la interesada.
La falta de respuesta de la Consejería a este requerimiento de información en el plazo legalmente habilitado al efecto, hizo preciso que esta Defensoría realizase sucesivos requerimientos dirigidos a esa administración, conminándola a la remisión del preceptivo informe, y recordándole el deber legal de colaboración de las administraciones públicas en las investigaciones llevadas a cabo por esta Institución.
Finalmente, y ante las reiteradas quejas referentes a las dilaciones en la emisión de informes por parte del Servicio de Inspección de Prestaciones Asistenciales, el Defensor del Pueblo considera conveniente que la Consejería dirigida por María Ángeles Palacios solicite a la Inspección General dependiente de la dirección general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en su calidad de órgano de control interno de la Administración regional, la realización de una inspección para «vigilar, supervisar y controlar el correcto funcionamiento del mismo».
