Las puertas de los centros de salud no estarán cerradas el lunes para los inmigrantes irregulares, quienes podrán seguir yendo para recibir atención urgente. La reforma del sistema sanitario con el real decreto 16/2012 ha supuesto un cambio con el que se quiere evitar el uso ´fraudulento´ de las tarjetas sanitarias.

La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, explicó ayer que seguirán atendiendo como hasta ahora a los inmigrantes menores de edad, a las mujeres embarazadas y a los enfermos crónicos, mientras que a los ´sin papeles´ que no estén dentro de estos supuestos se les garantiza la asistencia en Urgencias. Esto no quiere decir que deban acudir a un hospital, ya que podrán seguir visitando el centro de salud, aunque no tengan un médico de familia asignado, y les atenderá el facultativo que se encargue de los casos urgentes.

Palacios dijo que «queremos tranquilizar a la población, frente a la demagogia que han hecho algunos partidos, ya que se garantiza la atención y nunca se le cobrará al paciente». La titular de Sanidad explicó que el objetivo es poder facturar a los países de origen el coste de la atención de sus ciudadanos que se encuentran en España, aunque esto sólo será posible con aquellos países con los que hay convenio (veinte, además de los europeos, aunque en Murcia hay irregulares de 167 nacionalidades). En la excepción se encuentran los ciudadanos de países con los que no hay convenio, a los que se emitirá una factura con el coste de la asistencia, aunque no tendrán la obligación de abonarla para seguir teniendo atención, a no ser que dispongan de un seguro privado.

La consejera, que compareció acompañada del secretario general de la Consejería, Martín Quiñonero, y el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), José Antonio Alarcón, indicó que en la Región hay 1.378.000 personas con tarjeta sanitaria individual, de los que 177.359 son inmigrantes. La mayoría de ellos, 155.234, tienen permiso de residencia, por lo que tienen asistencia sanitaria completa garantizada, y 20.165 disponían hasta ayer viernes de tarjeta, aunque son irregulares.

De los 20.000 ciudadanos ´sin papeles´ cerca de 6.000 son menores, que mantienen su asistencia completa; 2.800 sufren alguna patología crónica, por lo que se les garantiza la atención; y los 11.000 restantes han perdido su tarjeta y serán atendidos en casos urgentes. En este caso, la consejera de Sanidad reconoció que «para nosotros no va a suponer un ahorro, porque seguiremos atendiendo a todos los ciudadanos, pero se compensará con la atención a españoles en el extranjero».

La idea es que sólo las personas en situación regular dispongan de tarjeta sanitaria, ya que han detectado fraudes en su uso, sobre todo en argelinos que usan España como paso para llegar a Francia y que al estar aquí reciben la tarjeta sanitaria española. Al asentarse en el país vecino reciben atención con este documento, por lo que Francia luego cobra esa factura a España. Situación con la que se quiere acabar.

María Ángeles Palacios informó de que para acceder al aseguramiento completo con tarjeta sanitaria es «imprescindible» el permiso de residencia en España, aunque también se puede efectuar el pago de la cuota de 710 euros -59 euros mensuales- para tener atención pública, como si se tratara de una póliza sanitaria privada.