­El FROB le ha devuelto la pelota al presidente de la comisión de Control de la CAM, el exconcejal del PP en el ayuntamiento de Murcia Juan Ramón Avilés. El único directivo de la CAM que ha seguido ocupando su puesto después de la intervención de la caja y de su posterior adjudicación al Banco Sabadell declarará como imputado el próximo martes ante la Audiencia Nacional. El juez López Bermúdez ha admitido a trámite una querella de los administradores nombrados por el Banco de España que asumieron el control de la en julio de 2011 y que acusan a Avilés de haber recibido supuestos créditos por importe de 17 millones a través de sus empresas en condiciones ventajosas y del cobro irregular de dietas.

A su vez, el representante de la CAM había presentado una querella contra los gestores nombrados por el Banco de España que auditaron la entidad antes de que fuese adjudicada al Banco Sabadell, actual propietario, por lo que considera la querella del FROB «es una represalia». Además del presidente de la Comisión de Control, declararán como testigos ex altos cargos de la caja, entre los cuales figuran el anterior director territorial, Ildefonso Riquelme; y la directora de zona de Cartagena, Sonia Torres, entre otros.

Avilés acusaba a los inspectores de atribuirle el cobro irregular de retribuciones falsamente, a pesar de que aseguraba que había informado a la asamblea general y que sus dietas aparecían recogidas en las actas. La querella contra los dos inspectores del Banco de España fue archivada, aunque él la ha recurrido. Ahora, el juez Javier Gómez Bermúdez, que investiga a otros cinco imputados en la quiebra de la CAM, entre los cuales figuran los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y el expresidente Modesto Crespo, ha admitido una querella presentada por el FROB en la que se señala que Avilés podría haberse beneficiado de créditos de la CAM a bajo interés por valor de 17 millones de euros.

Cuando la CAM fue intervenida, el Banco de España ya acusó a Avilés de utilizar a su hermana «como testaferro» para saltarse la obligación de informar al supervisor sobre los citados préstamos, una obligación que tienen todos los miembros de órganos de gobierno de las entidades financieras españolas. Según recogía el expediente disciplinario, la mujer de Avilés vendió a la hermana de éste la totalidad de las participaciones en la promotora La Vereda Sucina S.L., que ya tenía concedido un crédito de 14 millones de la CAM. Pocos meses después, en abril de 2011, la citada mercantil consiguió refinanciar esta deuda con la caja «en condiciones favorables», según los informes del Banco de España.

Por el contrario, Avilés rechazó tales acusaciones y dijo que la CAM tenía total conocimiento, puesto que las condiciones de los créditos, lejos de ser favorables, habían dado lugar a una reclamación de su familia contra la caja. Recordó también que había informado a la entidad de cambio de titularidad de las acciones vendidas a su hermana.

Según informaba ayer Expansión, en la querella del FROB se alude también a varios créditos del ICO por importe de 2,1 millones, que Avilés habría conseguido a pesar de las reservas expresadas por el jefe de Riesgo Inmobiliario, que echaba de menos la documentación necesaria para justificar el destino y la viabilidad de las inversiones. Expansión también daba a conocer el contenido de un informe pericial que recoge el comentario del anterior director territorial de la CAM en Murcia dirigido por correo electrónico a directivos de la entidad, en el que señalaba que «a Juan Ramón Avilés siempre le hemos refinanciado en sucesivas ocasiones, dando carencia de pago y liquidez. No puede tener quejas de nosotros, dado que siempre le hemos dado solución a sus problemas», apuntaba Ildefonso Riquelme.