­Medio centenar de médicos y enfermeros murcianos se han declarado objetores de conciencia y atenderán a los extranjeros irregulares que se queden sin asistencia a partir del 1 de septiembre. Se trata de los primeros profesionales que se han unido a la campaña Sanidad para todos, puesta en marcha por la Red Ciudadana por la Salud (Recips), y con la que también se están recogiendo firmas para pedir a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, «que no aplique en Murcia el apartheid sanitario» excluyendo de la asistencia a las personas irregulares. Además, han convocado para hoy una concentración a las 19.30 horas en la plaza de Santo Domingo de Murcia.

Emilio Soriano, miembro de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región y responsable de la ONG Neri, destacó que «es fundamental sensibilizar a la población de la consecuencias negativas del real decreto 16/2012, ya que distingue entre ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, privando de atención sanitaria a muchos de nuestros vecinos». Al tiempo que subrayó que muchas de las tareas que asistencia sanitaria y acompañamiento que hacen organizaciones como la suya dejarán de tener sentido con el real decreto.

Una de las quejas de los miembros de Recips es que tampoco se ha concretado qué situaciones se consideran urgentes y se permite la atención a irregulares y critican que pierden el derecho a las recetas y tendrán que abonar el cien por cien del precio de las medicinas.

Incumple el código deontológico

La presidenta del Colegio de Médicos, Isabel Montoya, dijo ayer a esta redacción que los objetores no tienen por qué presentar ningún escrito ante el Colegio, ya que la objeción es libre y personal y no hay que notificarlo. A la vez que señaló que 50 son los que lo han notificado a la Recips, «pero son muchísimos más los que lo van a hacer en la Región de Murcia». Montoya también hizo referencia al documento que la OMC ha elaborado para la defensa del Sistema Nacional de Salud, en el que ha participado el Colegio de Murcia, y en el que se recoge que el nuevo real decreto incumple diez artículos del código deontológico médico, poniendo al facultativo en una situación delicada.