El claustro de la Universidad de Murcia se reunió ayer en una sesión extraordinaria para debatir el decreto del Gobierno nacional que, entre otras cosas, plantea el aumento de tasas universitarias y ajustes en las horas de docencia de los profesores. Sin embargo, la actualidad de la situación económica monopolizó casi por completo la reunión de este órgano en el que están representados todos los miembros de la comunidad universitaria. Tres cosas quedaron claras en esta reunión: que la UMU rechaza en bloque las medidas del Gobierno de Rajoy, que habrá recortes duros el próximo curso y que la Universidad no piensa ceder ni un solo euro de los 66 millones que le debe la Comunidad Autónoma. El rector, José Antonio Cobacho, y el vicerrector de Economía, Antonio Calvo-Flores presentaron la crudeza de las cifras y explicaron el principio de acuerdo al que llegaron el lunes con la Comunidad, por el que tendrán que recortar 10,8 millones de euros del presupuesto de este mismo año, que se sumarán a los 4,2 de la Universidad Politécnica. Algo malo, pero mejor que los 30 para las dos universidades que se proponían en un principio. «Vienen tiempo duros», aseguró Calvo-Flores.

Despedir profesores asociados, reducir jornadas y seguir exprimiendo el gasto corriente fueron algunas de las consecuencias del nuevo ajuste. Tras conocer las explicaciones, el claustro votó una resolución contra este nuevo recorte de la Comunidad.

Sin embargo, lo que sí advirtieron tanto Calvo-Flores como el rector fue que no van a ceder en la reducción de la deuda que la Comunidad mantiene con la institución docente. El rector explicó que la Comunidad Autónoma tan solo reconoce 40 millones de euros mientras que según sus cuentas la deuda asciende a 66 millones de euros. «No vamos a regatear», aseguró Calvo-Flores, que recordó al claustro que la UMU ha hecho las cosas bien, «hemos remendado zapatos en lugar de comprar unos nuevos» –dijo de forma muy gráfica– «y no tenemos deuda financiera». La UMU tiene la seguridad de que ha hecho las cosas bien.

Los problemas económicos más inmediatos no impidieron que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, recibiera duras críticas por su decreto, del que se pidió la retirada. Tanto el rector como los miembros que intervinieron en el turno de palabras lo acusaron de no conocer la Universidad y de tratar de acabar con la autonomía universitaria.

Una de las medidas del decreto es la subida de tasas universitarias. El equipo rectoral no pudo dar información concreta sobre cuánto subirán las matrículas porque el Ministerio aún no ha aclarado cuestiones importantes para el cálculo, pero sí que presentó una hipótesis, teniendo en cuenta criterios medios y poniéndose en el escenario del incremento mínimo. Según esta hipótesis, la subida de las tasas sería de un 12%; lo que se traduciría primeras matrículas de las carreras más baratas se incrementarían en 89 euros. La subida crecería en función del grado de experimentalidad que tenga la titulación. En los másteres el aumento podría llegar a seiscientos euros. Por ahora, es solo una hipótesis.