Las palabras imputado y condenado no existen para el Partido Popular de la Región de Murcia. Al menos no aparecen ni una sola vez en las ponencias que se debatirán en el XV congreso ordinario que los populares murcianos celebrarán el próximo 19 de mayo en el Auditorio Víctor Villegas. La ponencia sobre Reglamento de Organización Regional evita decir qué va a hacer el partido con aquellos militantes y cargos públicos que se vean inmersos en un procedimiento judicial como consecuencia de su actividad política.
Así, haber sido condenado con una sentencia firme o estar imputado por un juez no aparecen entre las doce causas objetivas por las que un militante del Partido Popular pierde su condición, según el artículo 9 de la ponencia que han redactado Pedro Chico, José Gabriel Ruiz y María Dolores Alarcón. Sí lo es, en cambio, realizar «cualquier manifestación pública de discrepancia grave con la ideología, principios, o fines del Partido Popular, realizada en actos de propaganda, reuniones públicas o a través de cualquier medio de comunicación que garantice la publicidad del hecho».
Así, el Partido Popular regional se queda sin protocolo de actuación propio para sus cargos públicos que hayan sido condenados por los tribunales (por ejemplo, el alcalde de Fortuna, Matías Carrillo) o con los que tienen que rendir cuentas ante la Justicia como consecuencia de su gestión. De esta forma, no hay ninguna pauta propia a seguir si el juez del caso Umbra, tal y como ya se informó, llamara a declarar como imputado al alcalde de Murcia y secretario general del PP, Miguel Ángel Cámara, quien ya tiene la confirmación oficial de Valcárcel de que seguirá en su cargo, según publicó LA OPINIÓN. Los estatutos del PP nacional aprobados tras el último congreso celebrado en Sevilla sí contemplan la obligación de abrir un expediente informativo a los cargos que se vean implicados en procedimientos judiciales, que supondría la expulsión en el caso de que exista sentencia firme condenatoria contra ellos.
Carta de compromisos
Sí incluye la ponencia sobre el Reglamento de Organización la obligación de que cada cargo público u orgánico presente una carta de compromisos ante la dirección del partido que debe incluir «una declaración jurada de que, en el momento de suscribir el compromiso, no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para ser designado, ni concurre situación alguna de conflicto de intereses con el ejercicio de su función». Asimismo, en la carta debe figurar «el compromiso de comunicar a la dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido Popular el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la organización o a la institución».
Además, los gobernantes populares tienen la obligación de abstenerse de realizar actividades privadas y de «no intervenir en procedimientos administrativos que puedan suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja».
Alcaldes, pero no diputados
«La condición de diputado al Congreso o al Parlamento Europeo es incompatible con el desempeño de cargos de presidente o secretario general autonómico y con los de alcalde o presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia». Este artículo se incluye dentro del apartado de los deberes de los militantes del PP y cierra la puerta a que los alcaldes puedan ser a la vez diputados en el Congreso. En cambio, sí pueden ser senadores, como ya ha ocurrido en anteriores legislaturas, tanto en el Partido Popular como en el PSOE.
La incompatibilidad entre ser diputado en el Parlamento Europeo y presidente de la Comunidad Autónoma afecta directamente a Ramón Luis Valcárcel, quien ya ha expresado su intención de abandonar la presidencia del Ejecutivo regional para presentarse a las elecciones europeas de 2014, siempre en el caso de que, para esa fecha, la situación económica de la Región sea mejor que la de ahora.
