El Colegio de Médicos de la Región y la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Murcia (EAPN), que aglutina a una treintena de asociaciones, han alertado hoy de que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia podría provocar "un serio problema de salud pública".

Esta retirada, que se recoge en el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros, supone que los inmigrantes irregulares tienen hasta el 31 de agosto para regularizar su tarjeta sanitaria en condición de residentes, y que los que no tengan sus papeles en regla sólo podrán acudir a urgencias, ya que sus tarjetas sanitarias se anularán el 1 de septiembre.

La presidenta del Colegio de Médicos de Murcia, Isabel Montoya, ha afirmado que esta medida, "a la larga, puede provocar problemas de salud pública muy serios", y, probablemente, "serán menores los beneficios de la medida que las dificultades de cambiar el actual sistema sanitario".

"Los inmigrantes a los que afecta no vienen a hacer turismo sanitario a la Región, sino a trabajar, y aunque se produzcan abusos por parte de una minoría, no hay que estigmatizarlos", ha señalado Montoya, quien ha agregado que se podrían buscar otros mecanismos como una mejor gestión de los recursos o el dejar de utilizar tratamientos cuyos beneficios en relación al coste no estén probados.

En este sentido, también se ha manifestado la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Región y la EAPN, que ha mostrado hoy su "más firme oposición" ante la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia, ya que deja "sin cobertura sanitaria a personas ya de por sí vulnerables, que en muchos casos viven en condiciones higiénicas y sanitarias lamentables".

"A corto y medio plazo, tendremos una mayor alarma social en asuntos relacionados con la salud pública, por la falta de tratamiento en atención primaria pudiendo llegar a constituir un problema de salud pública", ha asegurado un portavoz de esta Asociación.

Esta organización también ha dudado de que esta medida tenga una incidencia real en el ahorro del sistema sanitario, al tiempo que la ha calificado de "insolidaria, al aumentar peligrosamente las diferencias en los derechos básicos de todas las personas que viven y están empadronados en un territorio, y de "injusta", al afectar a un grupo ya de por si vulnerable.

Por su parte, el asesor en materia de inmigración de CCOO, Omar Rkiouak, quien también se ha mostrado contrario a esta medida, ha dicho que, aunque todavía se desconoce el alcance y forma en que se va a aplicar, conllevará "un problema muy gordo" para este colectivo, que, "ya de por sí tiene muchos".

Ha agregado que "los inmigrantes, en contra de lo que dicen ahora las administraciones, son gente que viene a España a trabajar y ayudan al mantenimiento del sistema, tienen buena salud y no suelen abusar del sistema público sanitario, salvo excepciones, como ocurre con los nacionales".

"Con esta medida parece que el Gobierno nos quiere decir que si no tienes los papeles en regla y te pones enfermo, te mueres", ha criticado Rkiouak, quien ha señalado que las administraciones "parecen estar buscando un estallido de protestas en la calle, aunque espero que no llegue la sangre al río".

La reforma del sistema sanitario también incluye el pago de prótesis o el copago farmacéutico por rentas; que los mayores de 26 años que no hayan cotizado dejarán de estar cubiertos por la tarjeta sanitaria de sus progenitores, o el pago de los medicamentos por parte de los jubilados, entre otras.

Con respecto al pago de los medicamentos por parte de los pensionistas, la presidenta del Colegio de Médicos, que ha asegurado que los recortes en sanidad supondrán "una merma" de la calidad asistencial, ha indicado que "no es una medida deseable" y que, aunque es cierto que hay que potenciar el uso racional de los medicamentos, "no se les puede decir a los jubilados que la medida supone el coste de tomarse unos cuantos cafés, porque es injusto".

A su juicio, las administraciones deberían centrarse más en la financiación del sistema, porque "España destina menos recursos a la sanidad que la media europea, y si se sigue recortando se llegará a niveles de países en vías de desarrollo", y, además, "la sanidad es también un motor de la economía".