La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) sobre el "caso Tótem", de corrupción urbanística en Totana, señala que el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados cumple todos los requisitos legales "de forma exquisita y escrupulosa".

La sentencia, hecha pública hoy, señala que esos requisitos son que los acusados deben mostrar su conformidad de forma voluntaria, consciente y libre y de manera absoluta, "es decir, no supeditada a condición, plazo o limitación de clase alguna".

De acuerdo con esa conformidad alcanzada por la fiscalía, las defensas y los acusados, el exalcalde de Totana y exdiputado regional Juan Morales es condenado a la pena de dos años de prisión y multa de ocho millones de euros por un delito de cohecho, y a cinco meses de prisión y multa de 133.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.

Igualmente se le condena a un año, seis meses y un día de prisión por un delito de falsedad; a una multa de un mes y quince días, con una cuota diaria de treinta euros, por un delito continuado de malversación, y a seis meses de prisión y multa de seis meses, con la misma cuota, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Asimismo se ordena el comiso de dos vehículos de su propiedad, de su piso ubicado en Murcia, valorado en 120.000 euros, y de los 55.800 euros incautados en el mismo por la Guardia Civil.

Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.

La Sala absuelve a la compañera sentimental de Morales, Vaneide Freita, porque la fiscalía retiró la acusación que pesaba sobre ella por un delito de blanqueo de capitales, y contra otro de los inicialmente acusados, José Miguel Martínez, de la sociedad municipal de promoción del suelo.

La sentencia señala que Morales, aprovechándose de su condición de alcalde, pretendía enriquecerse con su participación en diversos planes urbanísticos, concretando en 15,4 millones de euros la cantidad total que solicitó a sus promotores.

En la fase de ejecución de sentencia, el tribunal deberá pronunciarse sobre la suspensión de la pena de prisión de dos años impuesta a Morales por el delito de cohecho, habiéndose manifestado ya el fiscal en el sentido de que se opondrá a ello.