Casi cinco años de espera para la celebración del juicio por el caso Tótem de corrupción urbanística en Totana y el asunto quedó resuelto ayer en una jornada maratoniana. El fiscal había pedido una pena de cárcel de 28 años y ocho meses para el exalcalde de Totana y exdiputado regional Juan Morales, que finalmente ha quedado en cuatro años y medio de prisión y multa de ocho millones de euros, aunque previsiblemente no pisará la cárcel porque dos años y medio de la condena pueden sustituirse con el pago de una multa de más de 200.000 euros. Morales reconoció que gestionó la recalificación de terrenos y su venta para obtener comisiones millonarias, como sostenía el fiscal. Admitió que cometió los delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos.

Él no no fue el único beneficiado por las rebajas que aplicó el fiscal: los otros doce imputados también llegaron a acuerdos que suponen penas mínimas e, incluso, la absolución. Para sellar estos acuerdos, que llevaban semanas gestándose en el despacho del fiscal, hizo falta «paciencia», como definió el presidente del TSJ y de la Sala de lo Civil encargada de enjuiciar el caso, Juan Martínez Moya. Y es que, el juicio se aplazó en tres ocasiones a lo largo del día, mientras que las condiciones de los acuerdos se cerraban.

El escollo estaba en Morales y también en el empresario gallego Manuel Núñez Arias, que retrasó al vista hasta última hora de la tarde. El exdiputado llegó a un acuerdo por la mañana, mientras que el empresario gallego entró a la vista decidido –o eso parecía– a enfrentarse a un juicio tan complejo que iba a prolongarse más de tres semanas. Cuando, uno a uno, los acusados reconocieron ante el juez los hechos que se les imputaban, Núñez anunció que iba a admitir que había cometido un delito «siendo inocente». Y volvió a su estrado con el resto de abogados, pero finalmente, en el último minuto del juicio, admitió que había ofrecido una suma millonaria a Morales y a otros imputados a cambio de que le diera luz verde para construir cinco mil viviendas en el paraje de El Raiguero, en suelo no urbanizable.

Y con su admisión de hechos, les evitó a todos les demás enfrentarse al juicio, porque cuando la conformidad no es de todos, el juicio ha de celebrarse y tienen que acudir los procesados. Después de que todos los acusados reconocieran los hechos, algunos a regañadientes, el presidente de la sala dictó la sentencia de forma oral, sin modificar las penas que habían acordado en los despachos. Las condenas son mínimas en comparación con las que hace unos meses había pedido el propio fiscal. Para bajar tanto las penas, la Fiscalía se acogió a la reforma del Código Penal y aplicó la ley a favor del reo, además de considerar que no existió blanqueo de capitales, lo que supuso la absolución de la novia de Morales, Vaneide Freita, y al presidente del consejo de Proinvitosa, José Miguel Martínez Soler.

Para forjar estos pactos, la jornada de ayer fue maratoniana. Desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, los pasillos del Palacio de Justicia parecían un bar. Corrillos de abogados y de imputados, hablando sobre las penas que les pedían a unos y a otros, comentando quien había hecho «mejor negocio» con el fiscal. Y, entre tanto, los rumores de que todo el trabajo para fijar las penas de conformidad podía paralizarse porque el fiscal anticorrupción de la Fiscalía General, que ayer estaba de visita en Murcia, tenía que dar el visto bueno. Finalmente, el caso, que ha ocupado miles de folios, quedó resuelto. Todos admiten que quisieron sacar tajada de la urbanización de Totana cobrando comisiones en el negocio del ladrillo.