Los miles de profesores murcianos que están estudiando con la esperanza de que este año sí que haya convocatoria de empleo público para ellos se están quedando, cada día más, sin razones para la esperanza. La Comunidad Autónoma da prácticamente por seguro que no se convocarán. Lo ha dicho el propio presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, que se remite a los planes de Mariano Rajoy, y da por congeladas las plantillas públicas en todos los ámbitos, incluido en Educación, tal y como ha podido saber LA OPINIÓN.
Hasta ahora, la consejería de Educación, que dirige Constantino Sotoca, no ha querido pronunciarse sobre el tema y siempre ha dejado abierta la convocatoria o no de plazas a la decisión que tomara el Gobierno central. Por ahora, las comunidades no se han reunido con el nuevo ministro y están a la espera de tomar una decisión consensuada. Porque, si hay algo que tiene claro Sotoca, es que quiere que la decisión de que haya convocatoria o no sea nacional y que no ocurra lo del año pasado, cuando en la Región no hubo oposiciones porque los presupuestos generales del Estado limitaban la tasa de reposición de jubilaciones al 30%; una cifra que dejaba el número de plazas que podían convocarse en 54. El número era tan pequeño que la Consejería decidió que no hubiera oposiciones.
Está previsto que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe mañana la prórroga de los presupuestos de 2011 para poder funcionar durante los primeros meses del año. Por lo tanto, el límite será prorrogado. A todo esto hay que añadir las palabras de Mariano Rajoy en el discurso de investidura, en el que dijo que tan solo se repondrían las vacantes generadas por jubilaciones en las fuerzas de seguridad. Eso sí, añadió una coletilla: «Y en los servicios esenciales». Es a esa frase a la que se acogen los sindicatos para seguir teniendo esperanzas de que pueda haber una oferta. A eso, y al hecho de que consideran que la reposición de las jubilaciones no tiene por qué estar vinculada, a la convocatoria de una oferta para las plazas que se han ido generando por las necesidades educativas de los centros.
ANPE, el sindicato mayoritario, es el que más esperanzas conserva, pese a todas las señales. Clemente Hernández, su presidente, asegura que «si hay voluntad política pueden convocarse hasta mil plazas que corresponden a vacantes que se han generado y es posible hacerlo por la vía de la consolidación de empleo». Hernández está convencido de que la voluntad del consejero Sotoca es que haya una oposiciones, aunque cree que todo dependerá de las decisiones de Madrid y de que todas las comunidades se pongan de acuerdo para evitar en las regiones que sí convoquen el temido ´efecto llamada´ de aspirantes que pueden competir con los interinos locales, algo que todos los sindicatos intentan evitar siempre.
Comisiones Obreras no tiene tan claro que realmente haya voluntad política. «Siguen alargando el tiempo y remiten a Madrid, pero si realmente quisieran podrían decir ya si hay o no convocatoria», afirma Pedro Manuel Vicente, secretario general de la federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Sus cálculos son que, al menos, podrían convocarse entre 800 y 850 plazas por la vía de la consolidación de empleo.
Una opinión similar tiene Óscar Urralburu, secretario de Comunicación de STERM, que afirma que «Sotoca deja la decisión en manos de Madrid y todo parece indicar que no habrá oposiciones». El STERM considera que la tasa de reposición en educación de las jubilaciones debería ser del cien por cien. Además, también es de la opinión de que podría hacerse una oferta para cubrir las vacantes que se han generado en los últimos años. Pero, a la vista de los acontecimientos y de que está pendiente negociar en Madrid un nuevo acceso a la función pública docente, el STERM ve complicado que haya oposiciones. Aunque aún queda tiempo para tomar decisiones.
Andalucía ha dado un paso al frente y ha anunciado la convocatoria de más de dos mil plazas. Las elecciones autonómicas del mes de marzo condicionan esta convocatoria, que algunos sindicatos no creen si realmente podrá llevarse a cabo en el escenario actual de recortes.
Los sindicatos defienden a capa y espada que un docente funcionario cuesta lo mismo o menos que un interino y que sale rentable a la Administración convocar oposiciones. El temor es que los recortes sigan y se opte por ampliar la jornada lectiva a los docentes, lo que supondría que habría menos necesidades de profesores interinos. Consolidar plantillas haría más complicado tomar esta decisión, llegado el momento. La tasa de interinos supera, hoy por hoy, según los sindicatos, más del 20% del profesorado.
Y mientras los políticos deciden qué hacer, los profesores siguen estudiando, por si acaso.
