La Administración regional comenzará a pagar en enero los más de 1.200 millones de euros que adeuda a sus proveedores, y que abonará en un plazo de entre tres y cinco años, empezando por las facturas más antiguas y de menor cuantía.

Así lo ha explicado hoy a Efe el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, quien ultima el Plan de Pago a Proveedores, del que en los primeros meses de 2012 se beneficiarán unos 20.000 proveedores.

Este plan, en el que el consejero ha venido trabajando en los últimos seis meses y que se dará a conocer el viernes, implica de forma directa al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a diversas entidades financieras.

Según Marín, la gran parte de esta deuda se ha contraído con autónomos y pymes, algunos de los cuales llevan un año sin cobrar, por lo que aquellos que no puedan esperar al plazo dispuesto en este programa de pagos podrán solicitar a los bancos el adelanto de ese dinero con la garantía de la Administración, pero deberán pagar los intereses de ese adelanto.

El consejero ha explicado que el plazo máximo de pago de la deuda es de cinco años porque este plan está vinculado al cumplimiento de los objetivos de déficit y, ampliando el periodo de pago, se facilita el cumplimiento de ese objetivo.

Murcia tiene un déficit del 3,03 por ciento, a fecha del tercer trimestre de 2011, y el techo para final de año es del 1,3 por ciento, el mismo que para 2012.

Salvador Marín se ha mostrado convencido de que Murcia cerrará 2011 con menor déficit que en 2010 (4,9%) y de que en 2012 se cumplirán los compromisos de déficit.

Por otra parte, sobre el paquete de medidas de ahorro del gasto presentado por la Junta de Castilla-La Mancha, que implica, entre otras, la entrada del sector privado en la gestión y construcción de los hospitales, el consejero murciano ha dicho a Efe que las colaboraciones público-privadas "en sí, no son malas" y que deben utilizarse "en acuerdos concretos para compartir proyectos, siempre y cuando el ciudadano obtenga el servicio en las mismas condiciones" que si lo prestara en exclusiva, como ahora, la administración pública.

"Hay que innovar en economía, estamos en el siglo XXI y no en el XVII", ha dicho Salvador Marín, quien se ha mostrado, no obstante, partidario de que el peso del estado del bienestar lo sustente siempre el Estado.

Preguntado por la posibilidad de aumentar a diez años el plazo para que las comunidades y los ayuntamientos devuelvan los anticipos que cobraron de más por un error de cálculo de las cuentas del gobierno de la nación, Marín ha dicho que le parece "de lo más adecuada" esta propuesta, y ha recordado que su gobierno la elevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado julio.

También se ha referido a la eliminación de la duplicidad de competencias que existe actualmente entre administraciones para reducir costes, y ha admitido que este problema afecta en su mayoría a los ayuntamientos.

En el ámbito autonómico, Salvador Marín ha defendido que exista un consenso entre todas las comunidades autónomas en las prestaciones a las que se da cobertura porque, según ha asegurado, "hay recursos suficientes para que, bien gestionados, se mantenga el estado del bienestar".