Tres empresas, que en realidad eran una sola, tuvieron durante más de siete años el monopolio de las contrataciones de obras públicas en el pequeño municipio de Aledo, de poco más de un millar de habitantes y gobernado por el Partido Popular desde el año 1991. Tres firmas, denominadas Urbisan, Urdemasa y Urvitec y controladas todas por José Antonio Núñez, a las que el Consistorio de Aledo adjudicó decenas de contratos para trabajos de menor entidad, por valor de más de tres millones de euros. La mayoría de obras adjudicadas eran inferiores a los 60.000 euros. La trama prefería estos contratos porque se pueden adjudicar directamente sin necesidad de ir a pleno.
Los beneficios los compartía con José Luis Cano, propietario de Acadi y quien durante años fue el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la dirección general de Administración Local de la Comunidad Autónoma. Éste, desde su puesto en San Esteban, dispuso durante años de información privilegiada sobre las obras a realizar en municipios de menor tamaño como Aledo y Librilla. Creó una trama con la que se hizo millonario hasta que, en noviembre de 2008, fue desmantelada con la primera fase de la Operación Biblioteca, que se desarrolló en Librilla e implicó la detención de los cabecillas de la red y del entonces alcalde de la localidad, José Martínez García, a quien acusan de recibir comisiones por la concesión de obras a las empresas de la trama.
La segunda fase de la Operación Biblioteca, centrada en los contratos de Aledo, fue la que llevó ayer de nuevo a Murcia a decenas de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La UCO detuvo a ocho personas, entre ellas al alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, y llevó a cabo registros en la Casa Consistorial, en el palacio de San Esteban (sede de la consejería de Presidencia en los años de los supuestos delitos) y en la consejería de Sanidad y Consumo.
Además, el juzgado de instrucción número 6 de Murcia, que dirige las actuaciones, ha imputado al jefe de Obras y Mantenimiento de la consejería de Sanidad, Gabriel Carrión Ojanguren, y a otros dos funcionarios de la consejería de Presidencia. El juez titular, Andrés Carrillo, decretó el secreto sumarial. Investiga delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad.
Entre los detenidos se encuentra el copropietario de Acadi, Domingo Peñalver, quien ya fue arrestado en la primera fase de la Operación Biblioteca y que estaba en libertad con cargos. También la actual secretaria del ayuntamiento de Aledo, Rosario Hita, y una de sus antecesoras, Concepción Pajarón, fue detenida. Los otros cuatro son Francisco Juan Redondo, socio de una de las empresas implicadas en la trama, Francisco Juan Mena, empleado de Urvisan, la abogada Encarnación Martínez, y los empresarios José David Buendía y Francisco Javier Conejo. Éste último, administrador de la firma Asotec, fue arrestado en Alicante.
Los detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición del juzgado número 6 de Murcia. El juez tiene un plazo de 72 horas para tomar declaración a los imputados.
Una ex concejala del PSOE en Aledo, María Pallarés, señaló que entre las obras realizadas por las empresas Urdemasa, Urbisan y Urvitec Levante se encuentran el Centro Sociocultural y el Pabellón de Usos Múltiples del municipio. La exedil afirma que los trabajos adjudicados a las firmas de la trama «contaban con modificaciones de lo presupuestado anteriormente y con facturas irregulares, sin firmar y sin dirección de obras». Asegura que el alcalde, Simón Alcaraz, se negaba siempre a responder a la oposición cuando se solicitaba la relación de facturas pagadas por el Ayuntamiento entre 2004 y 2007, años de apogeo de la red.
