­Modesto Crespo no sólo pasará a la historia como el último presidente de Caja del Mediterráneo, sino también como el primero que cobró un sustancioso sueldo por ejercer un cargo que, en principio, únicamente es representativo. Crespo se aseguró, poco después de tomar posesión como presidente, en junio de 2009, una asignación económica anual de 300.000 euros, cantidad que fuentes de la entidad financiera aseguraron ayer que ha ido creciendo en los dos últimos ejercicios. Por su parte, al exdirector general de la caja Roberto López Abad se le calcula que cobrará una indemnización de 3,8 millones de euros.

Con la intervención del Banco de España y la entrada del FROB en el capital social de CAM, han quedado disueltos los consejos de administración de la caja y del nuevo Banco CAM, que empezó a operar el viernes a medianoche. Los miembros del consejo de administración recogieron ayer las actas de la disolución con sus ceses.

Según fuentes de la entidad de toda solvencia, a Crespo se le asignó una retribución como miembro del consejo de Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L. (TI Participaciones), una sociedad creada en 2002 y cuyo objeto social, según consta en el registro, es el «desarrollo de toda clase de procesos de constitución, integración o escisión de sociedades o empresas que operen en el sector inmobiliario (…)», y cuyo domicilio social es el mismo de la sede central de CAM en Alicante. A través de TI Participaciones, Crespo habría percibido cantidades anuales que oscilan entre los 300.000 y los 380.000 euros.

Por otra parte, fuentes de la entidad señalaron que Roberto López Abad no tenía ningún contrato blindado por lo que se le ha aplicado la misma fórmula de indemnización que se utilizó con anteriores directores generales, aprobada tanto por el Instituto Valenciano de Finanzas como por el propio Banco de España. De acuerdo con esta fórmula, el directivo percibe el equivalente a su último salario neto multiplicado por los años que le restaban para la jubilación (en este caso nueve), con lo que la cantidad final sería de 3,8 millones de euros.

Dos hechos contribuyeron a precipitar la nacionalización de la caja alicantina, el pasado viernes: la retirada de depósitos por parte de los clientes que, tras frenarse en el mes de junio, se estaba volviendo a producir en los últimos días; y los pésimos resultados de las pruebas europeas de solvencia, que pusieron de relieve la extrema debilidad de la caja. Aunque se trata tan sólo una simulación ante un hipotético agravamiento de la crisis económica, los datos de los tests señalaban, por ejemplo, que CAM entraría en pérdidas desde el primer año incluso en el escenario base.