«He venido a declarar voluntariamente, porque no pude explicarme ante el juez en mi primera declaración». Así explicaba el abogado e imputado en el caso Umbra Higinio Pérez Mateos su visita de ayer a los juzgados.
El letrado, procesado en la causa que investiga presuntas irregularidades en los convenios urbanísticos de la zona norte de la ciudad de Murcia, llegó al Palacio de Justicia ayer cerca de la una de la tarde, y su cita con el instructor de la causa, David Castillejos, y con el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, se prolongó hasta las tres y veinte de la tarde. «No pude defenderme en mi primera declaración, así que pedí cita para volver a declarar», indicó Pérez Mateos a su salida, subrayando que «he venido voluntariamente, que quede claro».
El taxi que esperaba a Pérez Mateos a las puertas del Palacio de Justicia se empotró contra un bolardo mientras esperaba a que el letrado subiera al coche. «¿Ves? Todo a lo que me acerco sale mal», bromeó el abogado tras el incidente.
En las dependencias del Juzgado de Instrucción número 8 que investiga el caso, el juez preguntó al imputado por los convenios de Nueva Condomina, en los que presuntamente el Ayuntamiento vendía a las empresas inmobiliarias con las que están relacionadas los imputados suelo de la zona Norte a un precio muy inferior al real, y posteriormente estos vendían los terrenos por cantidades mucho más elevadas.
En su declaración, Higinio Pérez Mateos intentó convencer al juez instructor de que no se había enriquecido con las operaciones inmobiliarias que llevó a cabo, repitiendo a Castillejos que vendió «sólo» por ochocientas pesetas el metro cuadrado, refiriéndose a una gestión empresarial en la que actuó conjuntamente con Alberto Guerra, el exdirector de la Gerencia de Urbanismo de Murcia. Guerra. Pérez Mateos podría haber hecho estas declaraciones respecto a las operaciones de compraventa de terrenos en el término municipal de Ulea por las que, tanto ellos como sus esposas, obtuvieron «pingües beneficios», como se desprende de la denuncia que el Fiscal General de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, realizó ante los juzgados de Murcia y que dio inicio a las actuaciones. En el escrito del Ministerio Público, que se encuentra dentro del sumario del caso, se relatan hasta tres operaciones de compraventa que Pérez Mateos y Guerra realizaron entre 2005 y 2006 y que les dieron grandes beneficios económicos. En una de ellas, según el fiscal, los dos imputados, asociados con la empresa Green Park, ganaron en menos de 24 horas un total de 256.827 euros por la venta de cuatro fincas en el Valle de Ricote.
Higinio Pérez Mateos indicó ayer al juez que actuó «de buena fe», y se extendió en sus explicaciones para demostrárselo. «Aún no he vuelto a la Universidad, pero espero hacerlo pronto», expresó el abogado, que era profesor de Derecho Administrativo en la UMU hasta que el rector rescindió su contrato por su imputación en el Umbra.
