La Región de Murcia es, por sus características climáticas, un lugar idóneo para producir energía solar. Es por eso que, cuando en el año 2007 Zapatero aprobó un decreto en el que se instaba a invertir en este sector, miles de murcianos se lanzaron a la aventura y Murcia se convirtió, un año después, en la primera comunidad en producción de energía fotovoltaica. Era un negocio rentable a medio y largo plazo, pero ahora han cambiado las reglas del juego y aquellos que destinaron sus ahorros a este sector ven cómo ahora podrían perder su inversión.

Por este motivo, alrededor de 500 productores de energía solar de la Región se dieron cita en el hotel Nelva de Murcia para la asamblea de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPER), presidida por Valcárcel. El presidente comunicó a los asistentes, la mayoría de ellos pequeños agricultores, su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad y de sumar al mismo a la Comunidad Valenciana.

Valcárcel quiso dejar muy claro a los asistentes que les apoya por puro convencimiento «y no por oportunismo político». «Aquí me conocéis y sabéis que no soy de los que se sube a la primera pancarta que pasa por mi casa», aseguró con ironía, recordando de esta forma las manifestaciones que se han llevado a cabo contra la ley de recortes a los funcionarios.

Junto al presidente estuvo Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región (Fecoam), quien explicó la grave situación en la que se ven las miles de personas que crearon su huerto solar y negociaron sus créditos bancarios en función a unos cálculos de rentabilidad que ahora quedan inservibles con el cambio de normativa. «No se puede cambiar las reglas del juego en mitad del partido», censuró Martínez, quien recordó que el objetivo de muchos productores «era tener una renta para la jubilación». «Zapatero quedó muy bien ante la UE con los incentivos al sector, pero ahora tenemos que pagar nosotros la ‘convidá’. Somos los leprosos del sector y nos quieren echar».

La presidenta de ANPER, Rocío Ortigüela, informó de que la asociación lucha en el Parlamento Europeo para que no se apruebe el decreto del Ejecutivo y asesora a aquellos productores que, a título personal, quieran iniciar la vía judicial contra la normativa.