El Real Decreto-Ley 14/2010 aprobado en diciembre por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pone en peligro las inversiones de 20.000 murcianos que apostaron en su momento por la producción de energía fotovoltaica en sus fincas y cambiaron sus plantaciones agrícolas por placas solares. La normativa también supondría la desaparición de 500 puestos de trabajo en este sector, así como unas pérdidas económicas de 83 millones de euros.

Así justifica el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, quien ayer se reunió con los dirigentes de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPER), la decisión del Ejecutivo regional de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto estatal. El presidente murciano añadió que intentará sumar a esta iniciativa judicial a la Comunidad Valenciana, con cuyo presidente, Francisco Camps, se pondrá en contacto estos días.

El Real Decreto del Gobierno modifica una normativa anterior (de 2007), limita en un 30% las horas producción de energía, reduce a 25 años la vida de las plantas fotovoltaicas y baja la prima que los productores recibían hasta ahora (46 céntimos de euro por kilovatio hora) por su material energético. Esta última medida tiene carácter retroactivo. Según el presidente de la Comunidad, «la limitación de las horas de producción perjudica especialmente a la Región, con mayor capacidad de producción por su índice de radiación solar».

Valcárcel citó un estudio de la consejería de Universidades, Empresa e Investigación para asegurar que la normativa aprobada por el Estado contradice las políticas de la Unión Europea. «La normativa comunitaria especifica que los gobiernos deben asegurar que toda reforma del sistema de apoyo a las energías renovables garantice a los inversiones unas condiciones estables, evitando unos cambios retroactivos» remarcó el presidente del Gobierno regional.

En la actualidad, en la Región de Murcia existen unos 350 megavatios de energía solar fotovoltaica instalados. La inmensa mayoría de ellos salen de huertos solares de pequeños agricultores que podrían obtener, a largo plazo, los beneficios de estas inversiones. Algunos utilizan sus propios terrenos agrícolas para instalar las placas, mientras que otros inversores se asocian y piden préstamos bancarios que ahora, con las nuevas condiciones, no pueden pagar.