Seis de los nueve sindicatos representados en la mesa de negociación –Anpe, CSIF, SIDI, SATSE, SAE y Sindicato Médico– alcanzaron anoche un preacuerdo con el Gobierno regional, que tendrán que consultar con sus afiliados, mientras que UGT, CC OO y STERM se negaron a aceptar la jornada de 36,5 horas que propone el Ejecutivo. Ante la falta de entendimiento, estas tres organizaciones mantienen la convocatoria de la manifestación que estaba prevista para esta tarde, a las 18.00 horas, en Murcia.
Las negociaciones entre el Gobierno regional y los sindicatos para revisar los recortes a los funcionarios recogidos en la Ley de Medidas Extraordinarias volvieron a encallar ayer en la jornada de trabajo. El consejero de Educación, Empleo y Formación, Constantino Sotoca, regresó a la mesa negociadora con la propuesta de 36,5 horas semanales, en lugar de las 35 vigentes hasta 2010, pero después de casi cinco horas de
tira y afloja no fue posible alcanzar un acuerdo con las nueve organizaciones representadas.
Constantino Sotoca da por bueno el acuerdo y anoche declaraba a Onda Regional que, «desde el momento en que hay seis centrales sindicales, la negociación está prácticamente cerrada».
Sotoca, que estaba acompañado en la mesa negociadora por las consejeras de Presidencia y de Sanidad, María Pedro Reverte y María Ángeles Palacios, presentó el martes a los sindicatos un nuevo texto de la Ley de Medidas Extraordinarias, en el que se rebajaban a la mitad prácticamente todos los recortes salariales a los funcionarios.
La recuperación más significativa la tendrían los profesores, que en lugar de perder los 75 euros que les han descontado en la nómina de enero dejarían de ingresar sólo 37,5 al mes. También el personal sanitario recuperaba parte de los complementos y retribuciones por guardias que establecía la Ley de Medidas Extraordinarias.
Además, el nuevo documento presentado por el Gobierno regional limitaba la aplicación de los recortes al 31 de diciembre de 2011, lo que permitiría a los representantes sindicales presentar el ajuste como un esfuerzo «coyuntural».
Para los médicos, el dilema era conseguir que las guardias de los sábados queden fuera de la jornada semanal y vuelvan a pagarse como un servicio adicional en la nómina.
El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, explicó que la ampliación de la jornada pone en peligro el mantenimiento de más de 2.200 puestos de trabajo que se habían creado precisamente al entrar en vigor las 35 horas semanales. La desaparición de los contratos realizados al implantarse las 35 horas afectaría especialmente a la sanidad, dado que tendrían que volver a acomodarse los turnos de trabajo en cada
servicio.
Jiménez se lamentaba de que «hemos terminado la negociación sin ningún acuerdo» y ponía en duda que los recortes dejaran de aplicarse a partir del 31 de diciembre, como recoge el documento, dado que su vigencia estará marcada por la crisis económica. «Los empleados públicos trabajarían seis días al año sin recibir ninguna retribución a cambio. Van a tener una regresión muy importante y van a perder ayudas de acción
social», precisó.
«Además, tendrán una gran repercusión en las demás administraciones, sobre todo en las corporaciones locales, porque van a intentar emular esta regresión laboral. También va a tener efectos sobre el empleo privado», precisó Jiménez. Según sus cálculos, la pérdida de 2.200 empleos supondría una subida de dos puntos en la tasa de paro, que aumentaría del 25% al 27%.
Esta postura es compartida por CC OO y por STERM, que estarían dispuestos a negociar la propuesta del Gobierno, si se aceptara la jornada de 35 horas.
El secretario general de CC OO, Daniel Bueno, dijo que la propuesta de la Comunidad Autónoma «nos parece un despropósito absoluto», que va a producir «un deterioro de las condiciones laborales de los funcionarios».
El presidente autonómico de CSIF, Ventura Martínez, señaló a Onda Regional que «nos hemos quedado en un 90%. Todo aquello que era lesivo ha quedado reducido al mínimo». Confía además en que los ajustes «queden sin efecto en 2012».
