Los sindicatos que hoy se reunirán con el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, para sentar las bases de la negociación sobre la Ley de Medidas Extraordinarias, proponen un plan alternativo para elevar los ingresos de la Comunidad Autónoma sin rebajar el sueldo a los funcionarios. Según explicó ayer el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, la propuesta contempla una drástica reducción del gasto, especialmente en la sanidad, que aún ofrece grandes posibilidades de ahorro, y el establecimiento de nuevos impuestos a las entidades financieras y a los grandes centros comerciales. Este plan alternativo, que permitiría a las arcas regionales conseguir unos 450 millones más de ingresos, incluye otras propuestas, como la subida del IRPF o la desaparición de las exenciones en el Impuestos de Sucesiones y Donaciones.

Tras el encuentro que el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, mantuvo el mates con los ocho sindicatos que integran el comité de crisis de los funcionarios, Sotoca inicia hoy la negociación con los representantes sindicales para establecer la relación de las disposiciones recogidas en la Ley de Medidas Extraordinarias que pueden modificarse, además del procedimiento y la mecánica a seguir. Como los recortes afectan a los funcionarios, profesores y personal sanitario, no se descarta la constitución de varias mesas en las que se discutan por separado las cuestiones relativas a cada uno de estos colectivos.

En principio, UGT y CC OO han consensuado un plan alternativo a la ley de Valcarcel, que incluye el establecimiento de tributos que aplican otras comunidades, «en lugar de bajar el sueldo a un empleado público que gana 1.100 euros». Jiménez se refirió al impuesto por la ubicación de las grandes superficies y al de captación de capitales que se pretende aplicar a las entidades financieras en Extremadura, Cataluña y Andalucía.

Planteó también la necesidad de revisar la concesión de subvenciones e incluso el aplazamiento de inversiones que no sean urgentes. Proponen igualmente revisar los conciertos con la sanidad privada y reducir el gasto farmacéutico por receta, que en la Región baja menos.