Ya está consumado. El pleno de la Asamblea Regional aprobó ayer el plan de recortes más duro de la historia de la Comunidad tras una tramitación ´relámpago´ que apenas ha durado dos días desde que, el martes pasado, el grupo popular presentase la proposición de Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. De esta manera –y con el único apoyo de la mayoría popular– el Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel comenzará a aplicar una batería de medidas –que tienen como objetivo reducir el déficit de la Comunidad para poder acudir al endeudamiento– entre las que se encuentran la reducción a la mitad del número de delegados sindicales en la Administración.

El artículo 7 de la polémica proposición de Ley, que se debartió por el procedimiento de lectura única (sin posibilidad de presentar enmiendas) en un Parlamento prácticamente sitiado por alrededor de mil quinientos funcionarios, recoge efectivamente que el crédito horario del que disponen los representantes sindicales se ceñirá exclusivamente a lo que establece la normativa estatal, con lo que se suspenden los acuerdos de mejora en este sentido que negoció el Gobierno con los sindicatos. Así, de los 300 representantes de los trabajadores que hay en la actualidad, se pasará a 150. Y todo antes del 28 de febrero.

Las medidas incluyen el retorno a las jornadas laborales de 37,5 y 40 horas semanales, la suspensión de complementos salariales especialmente a los funcionarios de los sectores sanitario y educativo, mayor control de los horarios y la reestructuración general de la Administración autonómica, entre otras. En definitiva, con el plan de recortes la Comunidad pretende ahorrar 200 millones de euros, con lo que la cifra ´real´ del Presupuesto para 2011 sería de 4.600 millones en lugar de los 4.800 que se aprobaron también hace tres días. Aunque la Ley entra en vigor el 1 de enero, muchas de las medidas que recoge están pendientes de desarrollo.

El ponente de la ley, el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruiz, repitió ayer hasta cinco veces que las medidas que se recogen en la –desde ayer– ley «son coyunturales mientras dure la crisis» e insistió en que ha sido el modelo de financiación diseñado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, «que obvia nuestro crecimiento de población», el que ha obligado al recorte.