La situación crítica por la que están pasando miles de familias por culpa del paro y la crisis está siendo una realidad cada vez más presente en los medios de comunicación. En el último año, decenas de miles de personas se han quedado sin trabajo y por ello no han podido hacer frente a las hipotecas que en su día los bancos les dieron sin problemas. Ahora, la casa de sus sueños vuelve a manos de esos bancos, al no poder pagar cada mes los préstamos.

En la Región de Murcia unas 5.000 familias están pendientes de ser desahuciadas, según datos manejados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Asimismo, calcula que el número de desahucios que ya se han ejecutado asciende a 1.600 casos. Datos nada esperanzadores y que han provocado que nazcan asociaciones como dicha Plataforma, constituida el pasado mes de mayo, con el objetivo principal de defender los derechos de las personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. La finalidad de la misma es agrupar, además de a organizaciones y entidades sociales, a personas a título individual y a familias murcianas que se encuentren con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y, por tanto, en riesgo de precariedad y exclusión social. Así, el pasado lunes la Plataforma logró que una familia nigeriana de El Palmar no fuera desahuciada.

José Coy, presidente de la Plataforma, asegura que esta situación «va a ir a más si nadie lo remedia» y por ello, mantiene que «todos los ciudadanos debemos denunciar la situación de desamparo en la que viven miles de familias». «El Gobierno no mira a estas personas, sólo a los bancos, para los que sí tiene dinero público». Asimismo, destaca que hay que conseguir «hacer visible este problema, ya que muchas personas sienten vergüenza cuando dicen que están en el paro o no pueden pagar la hipoteca». «Cuantas más sean las voces, mayores posibilidades habrá de que el Gobierno quiera hacer algo». La situación en España no es mucho mejor que en Murcia, ya que se habla de 360.000 familias (más de un millón de personas) «víctimas» de procedimientos judiciales por no pagar sus casas y 50.000 que ya las han perdido este año.