En la Región de Murcia se llevan a cabo entre noventa y cien adopciones al año, de las que, prácticamente la mitad, son internacionales. La decisión de las familias murcianas de acoger a niños de otros países está ganando terreno a las adopciones nacionales. De hecho, según María José Nicolás, senadora del Partido Popular por Murcia, los últimos datos indican que en 2007 en la Región se llevaron a cabo 92 adopciones, de las que 47 fueron extranjeras. El motivo de esta situación se podría centrar en que «los trámites en España son muy lentos», según Nicolás. A esto habría que añadir «los plazos excesivos que existen para que los padres biológicos del menor puedan reclamar su tutela», ya que la ley establece un tiempo de dos años, en el cual el menor no puede ser dado en adopción.

Estas circunstancias, junto a otras cuestiones, han llevado a la Comisión Especial de estudio del Senado sobre la problemática de la adopción nacional (del que ha formado parte Nicolás) a aprobar por unanimidad y tras más de dos años de trabajo, un informe que recomienda al Gobierno modificar la legislación vigente en la materia para introducir, entre otras propuestas, la supresión del acogimiento residencial para

niños menores de seis años de edad.

El informe de dicha Comisión, por la que han pasado 38 comparecientes de distintos ámbitos relacionados con la protección de la infancia y la adopción, entre ellos, el consejero de Política Social murciano, Joaquín Bascuñana, establece una serie de problemas que se dan actualmente en esta materia y propone varias recomendaciones para solucionarlos progresivamente. Dichos problemas conllevan situaciones como la de que un menor pueda entrar en un centro de acogida, permanezca en él un mínimo de dos años, y si sus padres biológicos no impugnan la decisión de un juez, se alargue su estancia durante más años sin ser finalmente adoptado, «ya que un niño de 6 o 7 años es más difícil que sea adoptado», señala Nicolás. En este sentido, la principal recomendación de la Comisión es que el acogimiento residencial se suprima en los casos de niños entre 0 y 6 años, de tal manera que los menores en desamparo pasen directamente a vivir con una familia de acogida.

Asimismo, la Comisión establece que no existe coordinación entre las distintas comunidades autónomas, por lo que «se solicita al Ministerio un registro centralizado de familias y menores», destaca Nicolás, quien mantiene que de esta manera se podría encontrar la familia adecuada para el niño fuera de la Región, en caso de que no la hubiera, o «en comunidades pequeñas, evitar que los padres biológicos pudieran localizar a sus hijos al cabo del tiempo». Por otro lado, se reclama una campaña para fomentar el acogimiento familiar y ampliar programas como el desarrollado en la Región, la Familia Canguro. «Hay muchas familias que estarían interesadas en acoger, pero no hay suficiente información».