El portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Murcia, Alfonso Navarro, pidió ayer al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que «aparte inmediatamente de sus funciones» al director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, sobre el que el juez ha dictado prisión eludible bajo fianza, y que cese al concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, imputado en este proceso judicial.

Navarro recordó que el jefe del servicio de Planeamiento, Pedro Pina, ocupando este cargo presentó alegaciones en contra del Plan General de Ordenación Urbano, siendo expedientado y apartado de su puesto, y que con la aprobación del convenio de Nueva Condomina se produce la dimisión del por aquel entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, sustituido por la actual concejala de Personal, Pilar Megía.

A Pedro Pina le sustituyó por libre designación del alcalde el arquitecto Joaquín Peñalver, quien pidió la excedencia en 2006, imputado en dos de los casos judiciales abiertos en juzgados penales por corrupción urbanística, la operación Barraca y el caso Umbra, que se investiga en la actualidad.

Se da la circunstancia, añadió Navarro, que en los cinco convenios aprobados para la zona norte, figuraban informes técnicos de Peñalver que hacían referencia a la valoración económica de los terrenos, cuando éste es un asunto exclusivo de otro servicio de la Gerencia, en concreto, del de gestión urbanística.

«Existen motivos más que sobrados para exigir a Cámara que asuma de una vez por todas su responsabilidad», comentó el edil del PSOE.

Concluyó que la responsabilidad política última es del alcalde de Murcia puesto que técnicos y políticos fueron libremente designados e incluidos en listas electorales.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, al ser preguntado por la operación de presunta corrupción urbanística destapada en el municipio de Murcia, reclamó que «se deje a la Justicia realizar su trabajo, así como a los cuerpos policiales», ya que, precisó, «son ellos quienes tienen que decidir los posibles delitos que se puedan haber cometido y las personas que presuntamente puedan haber imputadas en esos delitos».