El director de la gerencia de Urbanismo de Murcia, detenido ayer en el marco de una nueva operación contra la corrupción urbanística, bien podrían haber sido el modelo que encarnara al ‘JASP’, aquel joven aunque sobradamente preparado que aparecía en el anuncio de televisión dispuesto a comerse el mundo. Alberto Guerra, que llegó a la capital de la Región procedente de Marbella, donde ejercía de abogado particular, entró a trabajar en la concejalía de Urbanismo del consistorio de la capital de la Región en pleno ‘boom’ urbanístico, cuando los planes parciales se contaban a decenas y la Gerencia no daba abasto para atender todos los proyectos que se presentaban.
Fue encumbrado a la dirección de este departamento cuando se fue el gerente Pedro Morillas, su antecesor, que fue fichado precisamente por la empresa que el Ayuntamiento contrató para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se aprobó en 2001. Morillas también es abogado como Alberto Guerra y tuvo que hacer frente a los cientos de recursos que se presentaron en la tramitación del nuevo PGOU, un proyecto que el ahora detenido ya se encontró totalmente finiquitado y cuyo desarrollo tenía que vigilar para garantizar que se ajustaba a la legalidad urbanística vigente. Precisamente, los desarrollos de la zona norte de la ciudad que comenzaron a gestarse con el convenio de Nueva Condomina (se firmó en 2001) motivó ayer la operación urbanística de la UCO, cuyos agentes se trasladaron desde Madrid hasta la gerencia de Urbanismo, donde registraron el despacho de Alberto Guerra, que en todo momento se mostró colaborador con los guardias civiles que ya lo abordaron en su domicilio particular y, desde allí, lo trasladaron a las dependencias municipales, donde se encontraba ya Ana María Vidal, jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. Vidal tuvo conocimiento del registro de Urbanismo por un escueto fax del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia. Alberto Guerra, número dos de Urbanismo y mano derecha del concejal, nunca imaginó que sería el segundo en caer tras Joaquín Peñalver, su compañero de trabajo, con el que compartió la cabeza de Urbanismo (Peñalver era número tres y jefe de Planeamiento) y que es el principal imputado en la operación Barraca, la primera trama urbanística investigada en Murcia.
