El secretario general del PP de Los Alcázares, Anastasio Bastida, ha pedido una vez más a la alcaldesa del municipio, Encarna Gil, del PSOE, que se persone en el caso 'Ninette', al tiempo que se ha cuestionado en rueda de prensa cómo permanecen en su equipo de gobierno dos personas imputadas, como es el caso de los concejales Alfredo Blanco y José María Mercader, también socialistas.

Así, asegura que el Grupo Popular pedirá esta tarde en Pleno que la alcaldesa quite a Blanco de todas las funciones que actualmente tiene, formando parte de la Comisión de Urbanismo, de Hacienda y de la Comisión de la Junta de Gobierno Local.

Y es que los populares no entienden como todavía hay dos imputados dentro del grupo de Gobierno de Encarna Gil, "después de que la Agencia Tributaria haya enviado un informe firmado por Mónica Valenzuela en el que hay indicios suficientes de malversación de caudales públicos".

En concreto, el informe explica literalmente que las obras de la vivienda de Alfredo Blanco han sido financiadas con fondos de obras aprobadas y pagadas por la Casa Consistorial, por lo que entienden que "no debe estar representando al municipio de Los Alcázares".

Anastasio Bastida ha explicado que si la alcaldesa se empeña en mantenerlo en el cargo después del informe remitido por la Agencia Tributaria, el municipio de Los Alcázares "sufrirá una lenta recuperación económica".

En este sentido, el secretario general ha considerado que cuando los temas judiciales salen en prensa, "se acrecienta el miedo de los inversionistas a gastar en municipios donde hay tramas de corrupción urbanística".

Al hilo, ha dicho que Los Alcázares es el municipio donde menos se construyó el pasado año 2009, "tan sólo diez viviendas", y a su juicio "se va por los mismos derroteros".

INFORME

En concreto, el último informe del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, que dirige la instrucción en la operación 'Ninette' en Los Alcázares, en la que se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho en dicho municipio y que condujo a prisión al arquitecto municipal, Mariano Ayuso, entre otras personas, ponía al descubierto una posible "malversación de caudales públicos por importe superior a cuatro millones de euros".

Así lo anunció recientemente la presidenta del PP de Los Alcázares, Mari Carmen Vigueras, quien destacó que en dicho informe la Agencia Tributaria decía que hay indicios suficientes para sospechar de una malversación de caudales públicos a base de obras complementarias.

En concreto, responsabilizaba de este delito a la empresa Garcerán Construcciones, constructora de la obra del Ayuntamiento; así como al arquitecto municipal, Mariano Ayuso; al ex alcalde Juan Escudero; y al concejal Alfredo Blanco, que tras saltar a la luz esta operación de corrupción y ser expulsado del PSOE, que pidió su acta de edil, éste no renunció a ella y en octubre del pasado año volvió a solicitar su pertenencia al partido en la localidad, siendo finalmente concedida su petición. Actualmente, pertenece a la Comisión de Urbanismo y Hacienda.

El informe en cuestión desvela que la obra del Ayuntamiento de Los Alcázares, que se realizó desde 2000 a 2004, fue contratada, en un principio, por una UTE formada por Construcciones Garcerán y Urdecom, aunque finalmente, según la Agencia Tributaria, "es solo la empresa Garcerán la que interviene en la obra, que cuenta con un presupuesto inicial de 5,8 millones, aunque al final se pagan 10,8 millones".