El TSJ archiva la querella de Mazón sobre la balsa Jenny

M. M. G. / EFE El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia acordó ayer archivar las actuaciones y no admitir a trámite la querella de la balsa Jenny presentada contra el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el ex consejero de Economía, Juan Bernal.

La sala de lo civil y penal ha emitido un auto que archiva las actuaciones contra estos dos altos cargos y el ex alto cargo de la administración autonómica derivadas de la querella presentada por el periodista José Juan Cano Vera y el abogado José Luis Mazón contra aquéllos por los presuntos delitos de malversación en la modalidad de estafa, prevaricación y asociación ilícita, informa el TSJ.
El auto indica que cabe recurso de súplica en plazo de tres días.

La querella tiene su origen en la cesión gratuita al Gobierno de Murcia por parte de la sociedad anónima Portmán Golf, sucesora de la empresa minera Peñarroya, de su balsa de residuos mineros –balsa Jenny–, de 8,75 hectáreas, en la pedanía cartagenera de El Llano del Beal y que contenía más de un millón de metros cúbicos de estériles. La balsa presentaba el peligro de que las escorrentías por fuertes lluvias pudieran provocar daños a las personas, viviendas y el medio ambiente circundantes.

El 23 de noviembre de 2001, el Gobierno de Murcia aceptó la cesión gratuita de esa balsa para realizar actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona, valoradas en unos 26.000 euros, señala el auto.

Agricultura adjudicó en 2003 por 5,4 millones las obras de limpieza de esa balsa a la empresa nacional Tragsa, firma que a su vez contrata con Portman Golf la cesión de unos terrenos adyacentes para arrojar los residuos procedentes de la balsa para que no causen perjuicio al medio ambiente.

Por ello, Tragsa abona a Portman Golf 2,7 millones en 2004, y en 2005, el ministerio de Medio Ambiente requiere al Gobierno de Murcia para que reclame a Portman Golf los gastos de limpieza.

Convenio para descontaminar
Desde 1995 existía un convenio entre las administraciones para financiar al 50% la descontaminación de suelos en la Región, «que se habría aplicado» en el caso de la balsa Jenny, dice el auto. Parte de esos fondos provenían de la UE.

Sobre la cesión gratuita e inversión de fondos públicos, la Fiscalía Anticorrupción llegó a la conclusión de la inexistencia de delito.

Concluye el escrito argumentando que «las fundadas actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas han concluido en la inexistencia no ya de delito, sino ni tan siquiera de responsabilidad contable», tras lo que añade que «no hay asomo alguno de malversación en la modalidad de estafa, ni prevaricación, ni supuesta asociación para delinquir».