El Estado indemniza a un murciano afectado por la talidomida

FRANCISCO MORENO El Consejo de Ministros firmó ayer un Real Decreto en el que reconoce la deuda moral del Estado con los afectados por la talidomida y les entrega una indemnización de entre 30.000 y 80.000 euros –según su grado de discapacidad-a cada uno de los 24 miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomidia y otras discapacidades en España (Avite). Éstos tuvieron que superar en 2006 un protocolo clínico del Centro de Investigaciones de Anomalías Congénitas (Ciac) encargado por el ministerio de Sanidad para diferenciar a los discapacitados por culpa del fármaco de los discapacitados por otras causas.

Uno de los afectados que recibirán esta indemnización es precisamente José Riquelme, alcantarillero y presidente de Avite, quien aseguró que esta compensación es «todo un hito ante el que nos quitamos el sombrero» y que «como primer paso abre una puerta muy importante», al conseguir que «el Gobierno reconozca que vendió fármacos con talidomida y que hubo niños que nacieron afectados por el medicamento» tras «más de 50 años invisibilizados por la sociedad y por el Gobierno». También añadió que «seguiremos batallando, porque la medida se queda muy corta, especialmente si se la compara por la obtenida por nuestros homólogos en otros países» y porque «son sólo 24 los que van a recibir la indemnización, y talidomídicos hay muchos más, aunque no todos hayan aparecido. Algunos no han dicho nada, quizá por vergüenza». Ha remarcado que «desde que nuestra historia viene apareciendo en los medios, el número de miembros de Avite se ha cuadruplicado. Ahora somos unos 400, pero los nuevos no pudieron presentarse al estudio clínico, por lo que no recibirán ninguna ayuda».

Riquelme enumeró que entre las reivindicaciones que se quedaron fuera de la medida están: la creación de una unidad médica de referencia especializada en la talidomidia, la reapertura del protocolo clínico para que se puedan presentar a él los nuevos miembros de Avite, la revisión de las fechas de venta del medicamento en España para comprobar que no se siguió usando tras la fecha de prohibición, el pago de prótesis al 100%, el disminuir la edad de jubilación por debajo de los 58 años y el pago de pensiones vitalicias por invalidez.

Riquelme asegura que con esta indemnización «el Estado paga parte de su deuda moral e histórica por poner a la venta este fármaco sin someterlo a controles, utilizando a nuestras madres como conejillos de indias», pero lamenta que «la empresa Grünenthal va a salir indemne de esta historia, después de enriquecerse comercializando este producto por todo el mundo sin realizar los ensayos clínicos pertinentes, y todo porque sus crímenes han prescrito».

Fármacos con talidomida
La talidomida la descubrió Heinrich Mückter, un médico alemán de la época nazi que realizaba sus ensayos en campos de concentración. Estaba buscando un antihistamínico, pero pronto observó que la talidomida actuaba como sedante e hipnótico. Más tarde, fundó junto a varios la empresa Chemie Grünenthal, que comercializó la talidomida por todo el mundo como un remedio para las náuseas en los primeros meses de embarazo. Ahora es una empresa multimillonaria. La talidomida estuvo a la venta para las embarazadas españolas entre 1957 y 1963, bajo nombres como Imidan, Varian, Contergan, Gluto Naftil, Softenon, Noctosediv, Entero-sediv, etc. Algunas fuentes aseguran que tardó mucho más en dejar de usarse. Su uso provoca malformaciones en el feto, tales como extremidades de diferente tamaño o falta de órganos internos. A mediados de 1960, se descubrió que la talidomida podía tener efecto en la cura de otras enfermedades, como la lepra. En la actualidad, se sigue comercializando. Eso sí, bajo control.