AGENCIAS
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) asegura que, con el recorte del Ministerio en materia de infraestructuras, el sector empresarial murciano percibe «una más acusada marginación» por cuanto no se aplican criterios de proporcionalidad con las necesidades de cada región, «ni tampoco con las inversiones precisas para corregir desigualdades territoriales producidas por actuaciones precedentes». Los efectos inmediatos no son otros que los de desacelerar el crecimiento económico que aquellas podrían favorecer. «No es la indicada una actitud victimista, sino reacción obligada ante las injustas y desproporcionadas decisiones que acumulan y/o suspenden la ejecución de obras de infraestructuras trascendentes», asegura la confederación.
Así, en cuanto a Carreteras se refiere, el recorte ministerial representa no sólo la anulación de la Autovía del Reguerón (con inversión de 240 millones de euros, o el 17,58% del total anulado en el conjunto de Comunidades Autónomas), sino el retraso entre 12 y 18 meses de la Conexión Suroeste de Murcia. También la Autovía A-33, los tramos de Blanca-Abarán y Abarán-Jumilla; así como el tercer carril de la A-30, Murcia-Puerto de la Cadena. Todas ellas calificadas de importantes para posibilitar la articulación del territorio, y afectantes a zonas estratégicas para el desarrollo regional.
De otra parte, la histórica Variante de Camarillas -que haría posible la Alta Velocidad por Albacete- ha quedado detenida, y sin fecha de reanudación, dando al traste con las expectativas que se habían generado.
Ballesta comparece en el pleno
Por otro lado, la Diputación Permanente de la Asamblea Regional acordó ayer, a propuesta del PP, la comparecencia del consejero de Obras Públicas, José Ballesta, en un pleno extraordinario mañana para informar de los recortes de inversiones del ministerio de Fomento en la Región de Murcia. El portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruiz, ha dicho que la convocatoria de este pleno la justifican unas cifras de recorte del ministerio en la Comunidad que superan los 240 millones de euros.