La huelga puede evitar el retraso en la la edad de jubilación

GEMA PANALÉS LORCA Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, confían en que la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre sirva para «rectificar y evitar males mayores, como la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, una medida que el Gobierno ha puesto sobre la mesa y que no vamos a aceptar en ningún caso».

Los líderes sindicales, que asistieron ayer en Murcia a una asamblea de delegados y trabajadores, indicaron que la convocatoria de la huelga general para el próximo mes de septiembre es «necesaria y oportuna» y «conseguirá resultados», a pesar de que la tramitación de la reforma laboral sigue adelante, al superar el miércoles su primer escollo en el Congreso de los Diputados, tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad.

«Hay quien piensa que tendríamos que haber hecho la huelga en junio. Si hubiésemos querido hacer un paripé, la habríamos convocado entonces, pero una huelga general no se prepara en diez días. Nosotros no queremos cumplir expediente, queremos cambiar el rumbo de los acontecimientos», manifestó ayer el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo.

En este sentido Cándido Méndez añadió que «los sindicatos hemos estado arrimando el hombro durante estos meses para proteger a los trabajadores y garantizar la prestación por desempleo, cosa que hemos conseguido».

Para el líder de UGT, la convocatoria de la huelga obedece a la «ruptura de la trayectoria económica» del Gobierno central. «Justo cuando estábamos sacando la cabeza, Zapatero asumió dócilmente las pautas de la Unión Europea, impuestas por el Fondo Monetario Internacional, y lo tiró todo por la borda con el plan de ajuste y la reforma laboral, y es por eso por lo que convocamos la huelga», explicó Méndez.

Los líderes sindicales calificaron la sesión parlamentaria del miércoles ­–en la que, además de la reforma laboral, se aprobó el Decreto Ley que supone la privatización de las cajas de ahorro– como «un día triste para el futuro de España».

Méndez afirmó que la privatización supondrá que «las cajas se conviertan en bancos a medio plazo» y temió por los más de 250.000 puestos de trabajo asociados a la obra social de las entidades de ahorro. Por su parte, Fernández Toxo indicó que «el recorte de 6.045 millones de euros en infraestructuras, de los que más de 1.300 van a afectar a obras ya en marcha, va a suponer la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo».