«Yo no iba a tropezar dos veces con la misma piedra»

G. P. L. ­Isabel Nau, abogada francesa, vicesecretaria de Comunicación del PP de Totana y consejera de la empresa municipal Proivintosa desde 1995, es la testigo estrella de la defensa de Martínez Andreo. El testimonio de Nau es fundamental para demostrar la inocencia del alcalde en el delito de fraude relacionado con la supuesta venta ilegal de una parcela en el polígono industrial El Saladar, por el que podrían caerle hasta dos años de cárcel. Nau aseguró ayer a esta redacción que la operación de compraventa de la parcela entre UCOM (un conglomerado de empresas) y el propietario del terreno, Pedro Martínez, «no se autorizó ni se llegó a plantear si quiera en el Consejo de Administración de Proinvitosa», la empresa municipal que se dedica al arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles.

De hecho, Nau asegura que esa operación «nunca llegó a producirse» y que, actualmente, el propietario «sigue siendo el mismo». El fiscal reconoce en su escrito de calificación que «finalmente, la venta en escritura pública no consta que se llegase a firmar, no constando si el Consejo de Administración se llegó a manifestar y no constando tampoco ningún acta una vez que la Guardia Civil se incautó de la documentación en la sede de Proinvitosa».

Nau fue imputada por malversación por una operación de compraventa entre dos empresas que se llevó a cabo en 2006, similar a la que ahora se le imputa a Andreo. No obstante, el juez del caso, Julián Pérez Templado, levantó de forma inmediata la imputación, puesto que Nau votó a favor de que la operación se enviase a la Fiscalía cuando «me dí cuenta de que los integrantes del Consejo de Administración de Proinvitosa habíamos votado con desconocimiento, al no tener en cuenta una cláusula legal».

Cuando el alcalde de Totana y el concejal Reina le comentaron a la consejera de la empresa municipal Proivintosa la posibilidad de autorizar la operación, Nau les dijo que no iba a «tropezar dos veces con la misma piedra» y «les expliqué la existencia de esa cláusula legal que impedía que se realizase la compraventa, que finalmente no se hizo, por lo que no hay delito».