La aparición de una nueva testigo da un giro al ´caso Tótem´ y retrasa el juicio

GEMA PANALÉS LORCA ­La Audiencia Provincial de Murcia, en una orden dictada el pasado viernes, ha admitido el recurso presentado por la defensa del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, en el que solicitaba la declaración de una testigo que podría librar al alcalde de Totana de los dos años de cárcel que se le imputan por el delito de fraude, motivado por la supuesta venta ilegal de una parcela en el polígono industrial El Saladar.

La orden de la Audiencia, que la abogada de Andreo trasladó ayer por la tarde al Juzgado de Instrucción número 1 de Totana, supone un nuevo giró en el ´caso Tótem´, ya que retrasará varios meses la celebración del juicio –previsto para finales de este verano– y podría modificar el escrito de calificación del fiscal José Luis Díaz Manzanera, en el que solicita un total de ocho años y seis meses de cárcel para el edil (cuatro años por falsedad en documento público, dos años por fraude y dos años por infidelidad en la custodia de documento).

Según la abogada de Andreo, María Pascual, la declaración de esta testigo, Isabelle Nau, vicesecretaria de Comunicación del PP de Totana y consejera de la empresa municipal Proivintosa –presuntamente implicada en la venta ilegal de una parcela en El Saladar– «es imprescindible para acreditar la inocencia de Andreo en el delito de fraude».

La letrada explicó ayer a esta redacción que «la aprobación del recurso por parte de la Audiencia Provincial obliga a dejar sin efecto el auto de procedimiento abreviado –que pone fin a la fase de instrucción– y el escrito de calificación del fiscal», de forma que el caso deberá retroceder de nuevo a la fase de instrucción, donde, esta vez sí, se le tomará declaración a la testigo aportada por la defensa.

Pedirán la libre absolución
Pascual se lamentó ayer por el retraso del juicio, ya que tiene «muchas ganas» de demostrar la inocencia de su defendido, para el que pedirá la libre absolución. Asimismo, opinó que el ´caso Tótem´ es «una operación política»
que tiene como «cabeza de turco» al alcalde de Totana.

El portavoz regional del PP, Pedro Antonio Sánchez, pidió ayer «cautela ante un procedimiento abierto que no sabemos cómo va a terminar» y exigió al PSRM-PSOE que «no intoxique» el caso con declaraciones en las que «no existe una línea divisoria entre la actuación política y la independencia judicial, ya que el portavoz de los socialistas murcianos, Joaquín López, ejerce como abogado de la acusación en el caso».

Por su parte, López arremetió contra el PP regional, al que considera «cómplice» del alcalde de Totana y se preguntó «qué más tiene que pasar para que obliguen a Andreo a dimitir». Para el coordinador regional de IU en Murcia, José Antonio Pujante, es necesario que «el PP murciano lleve a cabo una regeneración profunda del partido en Totana para que la candidatura que concurra a las próximas elecciones municipales tenga las manos limpias».

Tres juezas y un caso
Hasta tres magistradas han llevado el procedimiento abierto por el escándalo de corrupción urbanística que estalló en Totana a finales de 2007. Asunción Navarro fue la jueza que se puso al frente del caso y que decidió enviar a prisión al alcalde de Totana, que permaneció en la cárcel dos meses. Su sustituta fue Concepción Monerri, que llevó a cabo la redacción del auto de procesamiento, por el se redujeron de diez a cuatro las causas que se le imputan al primer edil. En la actualidad, es la magistrada Amaya Galán la que se encarga del caso y la que tomará declaración a la testigo sorpresa de la defensa, Isabelle Nau.