Los libreros llevan años viendo cómo cada vez más colegios y asociaciones de padres venden los libros de texto y les dejan sin una importante parte del negocio. La campaña escolar es lo que hace que muchos de estos comercios sobrevivan el resto del año y, por eso, han decidido declarar la guerra a lo que ellos consideran competencia desleal. La Asociación de Libreros ha interpuesto un requerimiento de documentación ante los juzgados de lo Mercantil para que unas cincuenta asociaciones de padres y colegios concertados justifiquen ante el juez que están dados de alta como empresas y que cumplen todos los requisitos que la legislación exige a las empresas que se dedican a la venta de libros. La primera de las vistas previstas sobre esta cuestión se celebrará el próximo lunes.
"Estamos convencidos de que la mayoría no cumple con estos requisitos y lo único que queremos es defender nuestros derechos", asegura Manuel García Elbal, presidente de la Asociación de Libros de la Región, que representa a más de cuatrocientos establecimientos.
Elbal explica que han decidido dar este paso después de ver cómo "el 20% de librerías han cerrado tras la puesta en marcha del Bono Libro". Los libreros consideran que esta ayuda directa a la compra de libros de la Comunidad Autónoma ha abierto la puerta para que centros y AMPAS ofrezcan este servicio y consideran que en muchos de los casos los padres se ven obligados a comprar los manuales en los colegios. "Nos parece que es injusto que se dediquen a esto y saquen beneficios porque las AMPAS y los colegios ya reciben subvenciones por su actividad", protesta Elbal.
Pero las asociaciones de padres y los colegios no lo ven de la misma manera. Ellos consideran que prestan un servicio a las familias para que puedan conseguir a un precio más asequible los libros, que suponen cada mes de septiembre un buen desembolso. Además, defienden que cumplen, al menos la inmensa mayoría, con la legislación. José Francisco Parra, presidente de CECE, la asociación que agrupa a los colegios privados- concertados de la Región, defiende que los centros tienen pleno derecho a vender libros porque "en la actividad económica de los centros educativos Hacienda prevé un subepígrafe para la venta de libros y materiales escolares. Lo único que tenemos que hacer es pagar un 25% del impuesto del IAE, y nosotros lo cumplimos. Así que la actitud de los libreros no tiene mucho sentido".
Beneficios que se reinvierten
Parra considera que los libreros han basado su requerimiento en las sospechas de una irregularidad de un centro en concreto y que han intentado meter en el mismo saco a todas las AMPAS y centros escolares que venden libros y que están autorizados para canjear el Bono Libro. De la misma opinión es Javier Cebrián, presidente de la Concapa, la confederación de asociaciones de padres de centros con ideario religioso, que defiende el derecho de los centros a ofrecer este servicio. "Lo que tendrían que hacer los libreros es ser más competitivos y así los padres acudirían a ellas", se queja Cebrián.
Por lo que respecta a los beneficios, en los colegios concertados lo tienen claro y así lo defiende el presidente de CECE: "Es completamente lícito porque con este dinero los centros pueden reinvertir los beneficios en la gestión del propio centro porque todo el mundo sabe que los conciertos educativos son insuficientes".
Las que no obtienen beneficios son las asociaciones de padres de los centros públicos que también venden los libros. "No creemos que hagamos competencia desleal porque lo único que hacemos es hacer pedidos grandes para que los libros puedan salir más baratos a los padres", defiende Francisca López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de la Región. En este requerimiento judicial están incluidas trece AMPAS de centros públicos que acuden en un bloque al requerimiento judicial. Al igual que el resto de implicados, FAPA asegura que todas las asociaciones que se animaron a vender los libros cumplen con los requisitos que establecía la empresa encargada de gestionar el programa de ayudas. También se han visto implicadas en este proceso algunas cooperativas de enseñanza que acudirán con un mismo abogado al tribunal. Juan Antonio Pedreño, presidente de La Unión de Cooperativas de la Enseñanza, asegura entender que los libreros estén preocupados por perder parte de su negocio "pero estamos seguros, por lo que nos dicen los abogados, que los centros cumplen con todos los requisitos legales y que la demanda no prosperará".
El próximo lunes tendrá lugar la vista para la mayoría de centros y asociaciones que han recibido este requerimiento y será entonces cuando presenten su documentación. Un grupo de centros a los que representa CECE se ha desligado y tendrá un proceso paralelo porque consideran que no tienen por qué presentar a los libreros la documentación.
