Los contratistas alertan de ´las bajas temerarias del 50%´ en la obra pública

M. J. GIL Los contratistas de obra pública, que ayer celebraron su asamblea anual, sufren también las consecuencias de la crisis de la construcción, que origina una mayor competencia entre las empresas en la disputa por las adjudicaciones de la Administración. El presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región, Luis Ramón Fernández Mula, denunció ayer que las empresas llegan a presentar ofertas "disparatadas", con bajas temerarias de hasta el 50% sobre el presupuesto inicial recogido en el proyecto, que en la práctica no permiten ejecutar la obra.

Luis Ramón Fernández explicó que la caída de la actividad de las constructoras dedicadas a la edificación está convirtiendo la obra pública "en un refugio" para empresas que carecen de especialización en este terreno, pero intentan competir bajando los presupuestos de las ofertas que presentan a las convocatorias.

Añadió que la competencia por los proyectos les lleva proponer "bajas temerarias que llegan al 40 y al 50%", lo que se traduce después en graves dificultades para la ejecución, dado que "ni la mano de obra ni los materiales han bajado". El resultado es que la obra tropieza con "modificaciones y dilaciones" que acaban encareciendo el precio de adjudicación e impiden "terminar la carretera, entregar el hospital o hacer la biblioteca" en la fecha prevista.

Según los cálculos del presidente de los contratistas, el número de empresas que se presentan a las licitaciones de la Administración pública puede haber pasado de entre 5 y 10 hasta las 40 las 60 por obra, ante el descenso de las licitaciones.

La alternativa que proponen los empresarios para evitar que el precio sea el único criterio a seguir en las adjudicaciones es sustituir la fórmula de la subasta por la del concurso. Según indicó Luis Ramón Fernández, el concurso permite valorar también "la experiencia, los medios técnicos y humanos con los que cuenta la empresa e incluso las mejoras que ésta puede aportar al pliego de condiciones. Este sistema evita además que se incurra en bajas temerarias que, a la larga, lejos de suponer un ahorro de costes económicos para la Administración, incrementa el gasto". Recordó que, en la medida en que los contratos públicos se adjudican atendiendo exclusivamente al precio, las empresas de la Región quedan excluidas, al no poder ofrecer las bajas de las firmas nacionales, dado que "las grandes tienen capacidad para asumir riesgos económicos que no pueden permitirse las pequeñas".