Las empresas de obra pública están encontrando graves dificultades para poder cobrar las trabajos que realizan por encargo de los ayuntamientos, algunos de los cuales llegan a tardar hasta un año y medio en pagar, según afirmó ayer el presidente de la Cámara de Contratistas, Luis Ramón Fernández. Añadió que algunos de ellos están en una situación tan "crítica", que "las entidades financieras no aceptan las certificaciones de obra", cuando los empresarios tratan de hacer efectivos los pagos. El presidente de los contratistas aseguró que la morosidad de los ayuntamientos que se enfrentan a una mayor falta de liquidez está generando a las empresas "un trastorno tremendo en sus tesorería", dado que a los retrasos en el cobro se suma la resistencia de los bancos y cajas de ahorros a facilitarles a ellos la financiación que necesitan en su negocio. Por ello, pide a las entidades financieras que revisen "sus criterios de de financiación, atendiendo a las carteras de pedidos y licitaciones concedidas como suficiente garantía de reembolso".
Fernández precisó que la Comunidad Autónoma tarda unos 60 días en pagar, mientras que el secretario general de FRECOM, José María Riquelme, apuntó que la deuda de las instituciones públicas con las empresas contratistas de toda España se calcula en 25.000 millones de euros.
07:21
