Valcárcel: ´El PP debe votar en contra del Estatuto manchego´

El presidente regional, que ayer se reunió en San Esteban con su homólogo valenciano, admite que un apoyo a la reserva de 4.000 hm3 "nos descolocaría"

M. J. GIL Los presidentes de la Comunidad Autónoma y de la Generalitat Valenciana, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, que ayer se reunieron en Murcia con representantes de los regantes y de los agricultores de Murcia y de Alicante, confían en que los parlamentarios del PP voten mañana en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Valcárcel reconoció, sin embargo, que "votar otra cosa, sería descolocarnos" y aprovechó la rueda de prensa posterior a la reunión para pedir a los murcianos que acudieran por la tarde a la concentración convocada en la Gran Vía de Murcia por el sindicato Central de Regantes del Trasvase.

La Comisión Constitucional, que se reunirá mañana, miércoles, es el último trámite que debe superar la reforma del Estatuto manchego, antes de llegar al pleno. El pasado 8 de abril, cuando la ponencia de esta comisión aprobó la introducción en el preámbulo de la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos, el PP se abstuvo en la votación, mientras que el PSOE sacó adelante el texto con el apoyo de CiU. Sólo votó en contra la diputada de UPyD, Rosa Díez.

El presidente regional mantenía ayer que "el PP debe votar que no", cuando se le preguntó que hará finalmente su partido. "Quiero pensar y pienso que votará que no, si el PSOE se obstina en mantener el texto", que recoge una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos en la cuenca del Tajo. "Votar otra cosa sería descolocarnos", admitió Valcárcel. Tanto él como Camps se mostraron dispuestos a "llegar hasta las últimas consecuencias" y criticaron la existencia de "17 reinos de taifas en España". "España es una nación sin reservas ni caducidades, dijo Camps".
Por su parte, el presidente de los empresarios de Alicante, Joaquín Rocamora, recordó que el Estatuto de Castilla-La Mancha "acabaría con 110.000 empleos en la cuenca y obligaría al Estado a pagar más de 20.000 millones de euros en indemnizaciones, al tiempo que pondría en peligro el Estado de Derecho", al permitir que un texto autonómico "se arrogara competencias del Estado".