El cierre del trasvase supondría una pérdida de 110.000 empleos

EFE Un informe de la patronal murciana CROEM desvela que el cierre del trasvase Tajo-Segura supondría la pérdida de 110.000 puestos de trabajo, según dio a conocer hoy en rueda de prensa su secretario general, Clemente García.

Este estudio ahonda en el efecto ambiental que ocasionaría el fin del acueducto que abastece a 2,5 millones de habitantes del sureste español, entre otros, la explotación de acuíferos técnicamente sobreexplotados, un río Segura sin caudal ecológico, el avance de la desertización en una zona semiárida de Europa y el incremento de la salinización de un subsuelo ya muy deteriorado.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha declarado de riesgo seguro por extracción de recursos por encima de su disponibilidad en 40 de las 63 masas de agua subterránea del Segura.

El informe, basado, entre otros, en sendos estudios de la CHS y de la universidad de Murcia, menciona una pérdida de 51.500 empleos y 1.700 millones de euros en un escenario "intermedio", y de 38.600 personas y 1.275 millones en un escenario "optimista", si bien en el panorama "pesimista" se alcanzarían los 64.400 desempleos.

El informe será remitido hoy a los treinta miembros de la comisión constitucional que mañana someterá a votación en el Congreo el texto de la reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, así como a los 350 diputados de las Cortes Generales, ya que consideran que deben estar informados del "irreparable perjuicio" que supondría una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos de agua.

Del Toro ha advertido que el consumo de agua de Castilla-La Mancha no llega a la citada cifra, y que tampoco se concretan ni los fines ni la duración de unas hipotéticas necesidades futuras que se mencionan en el texto.

"Está en juego nuestro futuro y la dignidad de la Región", ha manifestado el presidente de la patronal, quién remarcó que de prevalecer la actual redacción del estatuto "se debería tener conciencia de los males que acarrea para España y para el Arco Mediterráneo, no solo para la agricultur", ha añadido.

"Estamos cansados de tanta injusticia", agregó, y exigió al Gobierno central que cumpla con la Constitución Española.

Mencionó el artículo 149 en su apartado 22 según el cual el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, si bien en el citado estatuto se arrogan tal competencia, incurriendo en inconstitucionalidad.

Indicó que el mero hecho de haber puesto en duda el trasvase ya está ocasionando un daño al Levante por cuanto supone incertidumbre e inseguridad en esa zona sobre un bien tan básico como es el agua.

La Asociación de Empresarios del Área Mediterránea ha retomado su trabajo con motivo del estatuto manchego, redactando ayer una nota de prensa en la que "rechaza cualquier límite al trasvase Tajo-Segura", a la vez que anuncian una reunión en mayo en la que tratarán este asunto, señaló Del Toro.

"El trasvase es una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la ordenación hidráulica española, en el desarrollo del territorio y en el equilibrio medioambiental del espacio que se beneficia de sus caudales", añade el escrito de la citada organización empresarial.

Por otro lado, y preguntado por unas declaraciones críticas hacia Murcia de la patronal manchega, Del Toro respondió que mañana se verá en Madrid con el presidente de esa confederación para explicarle la situación e invitarle a que visite la Región y que conozca realmente cual es el uso del agua del trasvase "y que no solo sepa la versión que le da Barreda".

Del Toro hizo mención además a un documento sobre un trasvase del Tajo al Segura elaborado durante la Segunda República según el cual serían traidores a España los que se opusieran a esta infraestructura para recordar hoy que también hoy en día "sigue habiendo muchos traidores contra España y nuestra región".

Se da la circunstancia que ayer tarde el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, acudió a la manifestación convocada por los regantes, en la Gran Vía de la capital, con un ejemplar del citado documento de la Segunda República.