El Gobierno de Murcia considera primordial la voluntad del paciente durante la última etapa de su vida, aunque cree que cuando llega el momento de la muerte y, en determinados casos, el que debe tener la última palabra debe ser el facultativo.
Así lo valoraron fuentes de la consejería de Sanidad la denominada ley andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, que según el Gobierno regional restringe en demasía la función de los profesionales sanitarios. Esta ley se aprobó el miércoles y regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial.
La ley andaluza tiene como objetivo principal que prevalezcan los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, incluso de raíz religiosa.
El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar las decisiones que éste tome sin imponerle sus propias opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. Asimismo, la norma recoge el derecho de los pacientes que tengan que ser hospitalizados a una habitación individual durante su estancia hospitalaria.